Endurecimiento de las sanciones
Pérez indicó que el gobierno canario estima necesario endurecer las sanciones con el objetivo de facilitar el trabajo de los agentes de la autoridad y facilitar la transmisión de un mensaje a la ciudadanía de que quien no cumple se arriesga a sanciones que pueden ser importantes. Así, la sanción por no llevar mascarilla sigue siendo de cien euros porque así se establece en la ley común estatal, pero la reiteración de la falta de uso se trata de una infracción que puede llevar a una multa de hasta 3.000 euros, y el portavoz subrayó que el mensaje es que las normas sanitarias deben cumplirse. Además, se han aclarado normas del procedimiento sancionador, se abrevian trámites, y así la notificación sirve para iniciar el expediente, y también se aclara la distribución de competencias para instruir expedientes e imponer sanciones. Y, de acuerdo con el estado del actual ordenamiento jurídico, las infracciones leves pueden imponerlas los ayuntamientos, y las graves y las muy graves el Gobierno de Canarias. En cuanto a que estas medidas hagan preciso un aumento de agentes tanto de policías locales como autonómicos, nacionales y de la Guardia Civil, reconoció que las plantillas son insuficientes pero el gobierno cree que bien coordinados y orientado puede ser suficiente. 🔵 El Gobierno de #Canarias aprueba el decreto ley que establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la #Covid191/4 pic.twitter.com/kruYmhwY6dTambién habló de los contagios en el ámbito privado, como gimnasios e iglesias, y apuntó que tal vez sea posible alguna sanción en aplicación de la ley estatal, pero reconoció que es más difícil que en el entorno público. También manifestó Pérez que si bien el martes y el miércoles pasados las cifras propiciaban cierto optimismo la tendencia no se ha consolidados y los contagios han subido de nuevo.
En cualquier caso la Consejería de Sanidad mantiene el sistema de aumentar las pruebas PCR, así como el número de personas dedicadas al rastreo y las posibilidades de hacer cribados en algunas zonas del archipiélago, y espera que al unir el endurecimiento de las normas se produzca una corrección de la situación, añadió.Julio Pérez recordó que Gran Canaria y Lanzarote son las islas que suscitan más preocupación, si bien también la hay por El Hierro, ya que al tener menos población cualquier aumento tiene importancia. Con el decreto ley aprobado este jueves Canarias se suma a las seis comunidades autónomas con este tipo de endurecimiento de las normas, apuntó el portavoz del ejecutivo. El consejero manifestó que este jueves no se ha aprobado un decreto ley vinculado al pacto de reactivación para establecer normas para simplificar trámites, eliminar cargas administrativas y burocráticas excesivas, para facilitar las inversiones, y agregó que la previsión es aprobarla en el próximo Consejo de Gobierno. Tampoco se ha visto este jueves de forma detenida un texto refundido de todas las normas dictadas desde el 19 de junio, cuando se reglamentaron distancias, aforos, actos deportivos, funcionamiento de oficinas públicas, y otras, dijo Julio Pérez.