En pocos lugares, durante los años 70, hubo tanta acción como en Las Palmas de Gran Canaria. El dinero cambiaba rápido de manos en un Puerto de lo más canalla bajo la condición de fondeadero franco. Al calor del desarrollo de la industria turística la ciudad era una fiesta. Por sus calles deambulaban suecos, ingleses y alemanes que huían del frío durante el invierno, marineros soviéticos en busca de pantalones vaqueros —y un poco de calor humano en Andamana—, espías que forjaban la Guerra Fría, traficantes de armas y políticos africanos que soñaban con la independencia total del continente.
Había que estar en Las Palmas de Gran Canaria durante los años 70. Y esa ilusión, para muchas familias de la Isla, se convirtió en necesidad. En 21 años, la ciudad casi multiplicó por dos su población. En 1960 tenía 193.862 habitantes; en 1981, la cifra ya había alcanzado la de 366.454 vecinos que buscaban casi todos lo mismo: una oportunidad para mejorar sus vidas. En esas dos décadas, la capital vivió un boom que forjó buena parte de su carácter actual, pero también tensó su capacidad para desarrollarse como una gran urbe. Ya sabe: las ciudades, como seres orgánicos, crecen a un ritmo y las administraciones que las rigen van a otro, como dos bailarines desacompasados.
Conflicto entre vecinos y ayuntamiento
Entre esos desajustes, a principio de los años 80 en Las Palmas de Gran Canaria no había agua de abasto para tanta gente. Y la que había era cara y de mala calidad. Las razones para llegar a esa situación eran varias. Y la primera tenía una explicación lógica: la dependencia de la lluvia en un lugar donde precisamente ese fenómeno atmosférico escasea. Pero la sequía casi permanente no era el único problema. La propiedad del agua, entonces, era privada —en manos de los llamados aguatenientes—, el servicio —desde su almacenamiento hasta su distribución— estaba monopolizado y la red de suministro no cubría el desarrollo urbanístico de la ciudad.
En 1983, tras varios años de restricciones y cortes del suministro, estalló la Guerra del Agua en Las Palmas de Gran Canaria. La chispa se encendió en el barrio de Tres Palmas y se propagó por casi todo el Cono Sur de la ciudad. El ayuntamiento de la capital, con Juan Rodríguez Doreste (PSOE) al frente, había aprobado dos años antes —en el verano de 1981— una subida de la tarifa del agua en un 104%. Eso, unido al deficiente servicio y la mala calidad del producto, derivó en un conflicto que sacó a los vecinos a la calle para protestar, generó choques entre ciudadanos y la policía y aceleró el proceso para dar con una solución al problema.
Ingeniería al rescate
El remedio a la crisis llegó de la mano de la ingeniería: las plantas desalinizadoras, factorías que eliminan la sal del agua de mar y que ya llevaban varios años —desde 1964— funcionando como alternativa en Lanzarote. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a mitad de los años 80, logró poner en funcionamiento dos turbinas más de la potabilizadora de Jinámar, proceso que poco a poco acabó con los problemas de desabastecimiento y que ha dejado los cortes de suministro de agua como un recuerdo de los más viejos del lugar.
Las desaladoras se desarrollaron y multiplicaron en la provincia de Las Palmas —Lanzarote y Fuerteventura también afrontaron sus particulares Guerras del Agua en los años 80— a finales del siglo pasado, pero se han convertido también en una herramienta clave para hacer frente a la falta de agua en islas como Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, Guía de Isora o el Valle de San Lorenzo cuentan con sus plantas para hacer frente a toda la demanda de toda la Isla.
Ley del Agua
En 1992, Canarias aprobó la Ley del Agua, una disposición que establece que "el agua en Canarias es un recurso natural escaso y valioso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas" y entre sus artículos se decreta que "todas las aguas están subordinadas al interés general" y dispone que "la Comunidad Autónoma de Canarias declara como servicios públicos las actividades consistentes en: 1) La producción industrial de agua, mediante técnicas de potabilización, desalación, depuración u otras semejantes, en los términos previstos en la presente Ley. 2) El transporte del agua en los términos que de forma específica establece la presente Ley. 3) La recarga artificial de los acuíferos".
Proyecto eficiente
A lo largo de los últimos 40 años, Canarias ha destacado como un lugar de referencia mundial en la desalinización. Un ejemplo: en septiembre del año pasado, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) contrató a la UTE formada por Canaragua y Elmasa para ejecutar la construcción de una desaladora de agua de mar experimental que se podría convertir en la más eficiente del mercado. Esta desaladora, basada en diseños del propio ITC, tendrá una capacidad de producción de 2.500 metros cúbicos al día y estará ubicada en Pozo Izquierdo.
Algunos de los retos que propone el diseño de esta planta desaladora son la utilización de bombas de alta presión de desplazamiento positivo y recuperadores de energía de cámaras isobáricas de alta eficiencia o la adecuada elección de membranas de ósmosis inversa con alto rechazo de sales y alta eficiencia energética.