Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, ha pedido "auxilio" y "socorro" para garantizar la atención a los menores migrantes en Canarias que, hasta ahora, son un total de 2.869 bajo tutela. "La situación es límite", ha expuesto en comparecencia en comisión parlamentaria.
Además, ha advertido de que "no hay ni una sola plaza más" y los recursos económicos y humanos "son muy escasos", de tal forma que si no se pone remedio de inmediato a esta situación, la atención no va a poder ser la misma que hasta ahora. "Nuestra preocupación es que en el futuro se merme la atención. No lo vamos a permitir, llegaremos hasta donde tengamos que llegar", ha sentenciado.
Crisis sin precedentes
Santana ha insistido en que el Archipiélago sufre una "crisis migratoria sin precedentes" y, hasta ahora, nunca había tenido tantos menores no acompañados en acogida: más de 2.300 en los 50 centros de emergencia abiertos por la comunidad autónoma y 566 en manos de los cabildos insulares.
Noemí Santana ha lamentado además la "falta de colaboración" de algunos ayuntamientos para abrir nuevos centros de acogida y ha espetado la escasa "solidaridad" del resto de comunidades autónomas, que solo han acogido a 298 menores.
Ha señalado que el Gobierno regional "ha recurrido a todas las vías" para reclamar ante el Estado y la Unión Europea (UE) "un reparto responsable" de estos menores en un momento de "emergencia humanitaria" y dado que Canarias es "frontera sur" de España y Europa y parece que "ninguna lo recuerda".
Obstáculos
La consejera ha apuntado que la distribución obligatoria de los menores está lastrada por una "laguna legal", así como las dificultades para sacar adelante el protocolo en la comisión interterritorial ante los "obstáculos" que ponen algunas comunidades autónomas. Sin embargo, espera que la comisión bilateral Canarias-Estado "será muy útil" para "poder dar luz y fijar qué criterio" se sigue.
Además, ha dicho que han pedido al ministerio del Interior que permita una primera evaluación "a pie de costa" a técnicos de la ONG Save The Children para determinar la edad. Petición rechaza por Interior, pero que lo volverán a solicitar porque "aliviaría bastante la presión", pues hay hasta 1.280 menores pendientes de pruebas para acreditar su edad.