La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha alertado este lunes de la “situación extremadamente crítica” que sufre la financión para atender a los menores migrantes no acompañados que acoge la comunidad. Canarias tutela a 5.524 menores, para los que tiene una previsión de gasto de 156 millones, aunque Delgado ha alertado de un supuesto déficit de 84 millones.
La alerta la ha realizado durante la reunión Consejo de Gobierno, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado posterior a la reunión. “Nos hallamos en una situación extremadamente crítica y preocupante. Estamos haciendo todo lo posible y más para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares. Pero nos encontramos en una situación límite”, ha avisado Delgado durante la reunión.
Una tutela con déficit
“En estos momentos, la previsión de gasto para atender durante todo el año a los 5.524 menores que tutelamos asciende a 156 millones de euros. De esa cantidad, la previsión es que el Gobierno central aporte 72 millones, que aún no han llegado. Y aún así existiría un déficit de financiación de 84 millones de euros”, ha trasladado el Ejecutivo de las palabras de Delgado. Al parecer estas previsiones de gasto no están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, como Sanidad y Educación.
A los problemas de la falta de financiación para los centros de atención, desde el Ejecutivo avisan de que "las entidades con las que trabajamos están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles”.
Falta presupuesto
Insisten desde el Gobierno de Canarias que la comunidad no puede seguir asumiendo en solitario la atención de los menores "porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”. El Ejecutivo ha querido informar de que el presupuesto diseñado por ellos para la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para 2024 es de 153 millones de euros y la previsión de gasto para atender a menores extranjeros es de 156 millones de euros.
“Por eso, la protección de estos menores debe ser un asunto de Estado”, aseveró la consejera, que recordó que en el archipiélago hay 80 centros abiertos, más del doble que cuando empezó la legislatura.
“Es urgente que alcancemos el acuerdo con el Estado para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Confiamos en que así sea, pero con independencia de ese acuerdo y de su materialización, que no será inmediata, necesitamos recursos económicos ya para poder atender en condiciones a estos menores”, dijo Delgado. La consejera matizó que solo 16 de los 339 menores migrantes cuyo traslado fue acordado en la Conferencia Sectorial celebrada en octubre del año pasado han sido derivados a la Península.