Los datos referentes a la aplicación de la ley de la dependencia son escalofriantes a nivel nacional. 1.563.108 personas tienen reconocida la situación de dependencia. Hay 310.429 personas desatendidas, 45.360 mueren cada año en la lista de espera —124 personas al día— es decir, fallece una persona cada doce minutos y todo esto 17 años después de la puesta en marcha de la ley.
El 3,3 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria y la legislación parece no estar a la altura de las circunstancias pese a que el sistema ha alcanzado su máxima financiación con el Plan de Choque en Dependencia, impulsado por el gobierno de coalición en 2021.
Aún persisten las desigualdades en su aplicación entre las comunidades autónomas -con la competencia de los servicios sociales- tanto en su acceso, como en las atenciones.
En Canarias
La lista de espera de la dependencia se ha reducido en Canarias el 18,72%, en 1.324 personas, entre diciembre de 2022 y el pasado mes de noviembre, mientras que los beneficiarios que perciben una prestación han aumentado el 16,27% en el mismo período.
Según esta entidad, en Canarias hay 22.365 personas en la lista de espera de la dependencia, que es la cuarta más numerosa del país, mientras que otras 5.747 personas se encuentran en el llamado "limbo": es decir, con el derecho reconocido pero sin ayuda concedida.
Un análisis
En 2012 entró en una etapa de recortes durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP) que se prolongaron hasta 2015, con restricciones presupuestarias, disminución de las intensidades en servicios y supresión de la cotización pública de las cuidadoras familiares.
En la fase de recuperación entraron todos los dependientes moderados (Grado 1), hasta que el sistema se ralentiza de nuevo en 2019 y se frena con la pandemia en 2020.
Desigualdad entre comunidades
"El acceso al sistema es muy desigual entre las comunidades autónomas, también las listas de espera de dependientes reconocidos y esperando atenciones, así como el esfuerzo financiero público", ha explicado el presidente del observatorio que publica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Los profesionales reclaman "sentido de estado" y consenso para acordar "un nuevo contrato social" que elimine "la burocracia y la desidia" de algunas administraciones autonómicas y solucione "la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo, en muchos casos, las personas en situación de dependencia y sus familiares".
Inversión
Los datos económicos también son reveladores. 3.644 millones de euros es el incremento en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la dependencia con el Plan de Choque. Hay 316.215 empleos directos asociados a las atenciones de la ley (41 empleos directos por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia); la tasa de retorno vía impuestos alcanza el 41,43 % de la inversión en el sector.
En los 17 años de la ley hemos tenido 13 ministros, pero los resultados siguen sin ser los mejores.