El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha presentado ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el estudio urbanístico con base en el que se construirán 63 viviendas de protección pública, alquiler asequible y energéticamente eficientes en la parcela Vp09 de El Secadero.
Este acuerdo forma parte del Programa 6 de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social, en edificios energéticamente eficientes, contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, para fomentar el parque público de viviendas energéticamente eficientes y destinadas al alquiler social o a precio asequible, en suelos de titularidad pública.
Tres plataformas de nivel
El Consorcio de Viviendas ha elaborado el Estudio de Detalle con el que se pretende la ordenación volumétrica de la citada parcela, que es propiedad del Cabildo grancanario y en la que, dado el desnivel de hasta 13 metros de altura que presenta, se establecen tres plataformas de nivel, para situar un edificio en cada una de ellas, así como sus zonas comunes de espacios libres ajardinados.
De acuerdo con ese estudio, los edificios se colocarán anexos al lindero medianero suroeste, para ocultar las medianeras existentes de las viviendas colindantes. Asimismo, a lo largo del lindero noreste, donde actualmente no existen medianeras, se prevé una rampa rodada de acceso a los garajes de los tres edificios y para el acceso de los vehículos de emergencia, que a la vez sirve de separación y transición con la parcela de la antigua fábrica ‘La Favorita’, hoy dedicada a dependencias municipales.
7,8 millones
Los costes totales de estas obras se han estimado en 7,8 millones de euros, de los que el Cabildo de Gran Canaria aportará 5,1 millones y que se completará con una ayuda de la Unión Europea de otros 2,6 millones más. En estos momentos, se prevé contar con el proyecto este año y que la construcción se inicie en 2023, para que se haya ejecutado totalmente en julio de 2026.
Se ha fijado un precio máximo de alquiler de 5,62 euros por metro cuadrado útil de vivienda y podrán acceder a ellas los arrendatarios que no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que está fijado en 579,02 euros o, en otro caso, superarlo hasta cinco veces, según la tipología de la unidad familiar.