El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha declarado sobre la admisión a trámite de la denuncia de la plataforma Jaraco de vecinos de Puerto Naos y La Bombilla ante la prohibición de acceso a sus viviendas, que “acatarán la resolución, pero la responsabilidad será de quién dicte la sentencia”.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió la denuncia interpuesta contra el Cabildo de La Palma el pasado lunes 16 de enero por el decreto que prohíbe a los vecinos de los núcleos afectados por la presencia de gases acceder a sus inmuebles, con la petición del expediente administrativo a fin de comprobar su legalidad.
Riesgo para la salud
Zapata ha declarado que el objetivo del Cabildo “no es otro que proteger la seguridad de las personas” ya que ha recordado que existen informes tanto científicos como de Salud Pública “que desaconsejan la vida en esas poblaciones con las concentraciones de gases actuales”.
“Con esos informes, ni yo ni nadie se va a arriesgar a poner en peligro la vida de las personas”, ha reiterado el presidente insular. Aunque Hernández Zapata considera que “nos avala la legalidad”, ha señalado que si la resolución judicial dicta lo contrario, “acataremos sin ninguna duda, pero la responsabilidad a partir de ese momento de lo que pueda pasar la debe asumir quien dicte la sentencia”.