El Ayuntamiento de Arona trabaja a contrarreloj para evitar el desahucio programado para mañana martes de 90 familias y un total de 210 personas del edificio Chasna, en Costa del Silencio, ante la debilidad estructural y riesgo de desplome del inmueble a medio construir en el que residen. Por el momento, esas gestiones de la corporación local para encontrar una alternativa habitacional para estas personas no han tenido éxito. Las 90 familias ocupan 44 viviendas del edificio, entre ellas mayores, bebés y mujeres embarazadas, que serán desalojadas en torno a las 9:30 horas de mañana por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona.
Una orden judicial que, según cuenta a Efe la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, "no ha tenido en cuenta los informes de vulnerabilidad por primar la seguridad de las personas". Martín asegura que trabajan para buscar una solución, por lo que han intentado buscar apoyos en Cáritas y Cruz Roja e, incluso, en la Subdelegación del Gobierno para ver si se podían habilitar plazas en los campamentos de migrantes de Las Raíces, pero por ahora no se ha conseguido nada.
Recursos saturados
Preguntada por los contactos con el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife, confirma que estas instituciones tampoco han podido aportar solución por "estar todos los recursos saturados". Y la ayuda tampoco vendrá de los hoteles, albergues, pensiones y hostales, porque Martín añade que "no hay plazas, porque estamos en plena temporada turística de invierno, temporada alta", por lo que hasta finales de marzo "estamos prácticamente a un 100% de ocupación en todos los alojamientos turísticos".
Añade que el equipo de Servicios Sociales de Arona valoró la opción de habilitar algún espacio, una idea que se ha desestimado por poder asentar un precedente: "¿por qué habilitamos ahora un pabellón si no lo hicimos la semana pasada con las dos familias que se quedaron en la calle?", se pregunta. El problema, expone la concejala, es que el municipio tiene "poblados chabolistas, urbanizaciones de caravanas y remolques, muchísima gente viviendo en coches, cuevas y casetas. La situación en el sur de tenerife está desmadrada, sobre todo en el municipio de Arona", señala Ruth Martín.
Emergencia habitacional
A su juicio, esta emergencia habitacional tiene su origen en la Ley de Vivienda que entró en vigor en 2021 y que, explica, pretendía proteger a los inquilinos de problemas económicos sobrevenidos tras la pandemia de la COVID-19. "La ley ha provocado la psicosis del propietario y la mayoría de ellos han retirado viviendas del mercado residencial y las han llevado al vacacional", por considerara este última como "más segura".
Agrega que las "pocas" viviendas residenciales que han quedado en el mercado residencial han subido los precios "una barbaridad" y tienen requisitos "muy altos", como "ingresos muy altos, sin niños y fianzas de tres o cuatro meses". Ya ni siquiera un trabajo da la seguridad de poder costearse una vivienda en el sur de Tenerife.