El 1 de enero entrará en vigor una nueva medida que permitirá al alumnado en prácticas, sean remuneradas o no, cotizar a la Seguridad Social. Ante la negativa de muchas empresas y las propias instituciones públicas a asumir ese coste —pese a que el Estado bonificará la práctica totalidad de la cuota—, el escenario que plantea la norma abre, además, una brecha en la comunidad educativa: mientras las universidades tendrán que afrontar con recursos propios ese gasto, el Gobierno de España abonará el 100 % de la cotización de los becarios procedentes de la Formación Profesional Dual.
La disposición adicional 52ª de la Real Decreto-Ley 2/2023 ha generado ruido desde su aprobación en la primavera pasada —debió entrar en vigor el 1 de octubre—. Las dos universidades públicas de Canarias, al igual que las del resto del país, rechazaron en mayo la medida al considerar que "no ofrece una mejora sustancial en la protección del estudiantado en prácticas y, sin embargo, resulta un elemento de disuasión para que las empresas y entidades públicas acojan estudiantes".
260.000 euros presupuestados por la ULPGC
24 horas después, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), a través de su presidente —Pedro Afonso—, afeó la posición de las universidades públicas del Archipiélago y advirtió que el empresariado no tiene "ningún problema en contratar becarios pagando la cotización a la Seguridad Social". "El coste de un becario en las empresas", añadió el dirigente patronal, "va a ser de ocho euros mensuales, cantidad muy fácilmente asumible".
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ante la inminente entrada en vigor de la medida, ha decidido disponer 260.000 euros en su presupuesto para 2024 para la cotización y la gestión de las prácticas externas de su alumnado. En un comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), la comunidad académica consideró que "el decreto recoge que la asunción de estas cuotas por las universidades debía ser excepcional".
Mercado laboral
La norma establece que en las prácticas sin remuneración la cotización a la Seguridad Social debe ser abonada por el empleador, salvo que un convenio entre las partes obligue al centro académico a asumirla. Y es ahí donde las univerisadades aseguran que apenas encuentran empresas o instituciones públicas —ya sean administraciones o compañías— que contraten a estudiantes como becarios.
Frente al malestar de las universidades, la última decisión del Gobierno de España fue notificar el pasado viernes que el 100 % del coste del alta en la Seguridad Social de los alumnos de FP Dual durante su formación en la empresa será asumido por el propio Estado. El anuncio lo realizó Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación, quien además especificó que el 95 % lo abonará el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el otro 5 % correra a cargo del propio área de Educación.