El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, aprovechó la ceremonia de apertura del año judicial 2022-23 en las islas para denunciar el bloqueo que está sufriendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según Bragado, esta situación trasciende de “un mero problema gubernativo'' y ya afecta al buen funcionamiento de los órganos judiciales isleños en el “ámbito jurisdiccional”.
Actualmente, cuatro de sus órganos clave, las dos salas provinciales de lo Social del TSJC, la sede de Las Palmas de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran sin presidente y sin visos de que sea nombrado en un futuro inmediato, ya que la interinidad del CGPJ impide la renovación de cargos discrecionales.
“Sólo en este Tribunal Superior se encuentran vacantes a día de hoy cuatro presidencias —expuso—, justo el doble que el año pasado por estas fechas, lo que priva a la Sala de Gobierno de otros tantos miembros natos, por lo que actualmente solo son tres de un total de siete los que la componen, y está causando efectos en el funcionamiento jurisdiccional de los órganos”, apuntó el presidente.
Independencia del Poder Judicial
Lorenzo Bragado aprovechó la presencia entre los asistentes del presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres; el presidente del Parlamento, Gustavo Matos:el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, además de otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
El presidente del TSJC recordó que hace pocos días se publicó el resultado del último barómetro de la consultora GAD3. En ella, se preguntaba a los encuestados si consideraban que el poder judicial en España es realmente independiente del poder ejecutivo. “La respuesta arroja pocas dudas: el 71% –de diferentes orientaciones políticas–, contestó con un rotundo “no”, mientras que solo el 11% defendió que sí hay independencia judicial en nuestro país”, afirmó Bragado.
Y puntualizó: “En las encuestas realizadas a la carrera judicial, es decir, a quienes tenemos un conocimiento directo, por ciencia propia, en modo alguno reflejan tales resultados. Así, en la última encuesta encargada por el Consejo General a Metroscopia, el 99% de los jueces y magistrados dijo sentirse totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional”. ”¿Qué pone de manifiesto esta discordancia?", terminó preguntándose.
“A mi juicio, evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales”, expuso. “De ahí la necesidad de reclamar la observancia de las reglas de juego”, continuó. “Con ello me refiero no solo a la inaplazable renovación del Consejo, sino también al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho”.