Baltasar Garzón intervino este martes en la segunda mesa redonda –de las tres citas previstas– antes del estreno del montaje teatral Protocolo del quebranto en Las Palmas de Gran Canaria. Junto a la fiscal Dolores Delgado, los abogados Manuel Ollé y Almudena Bernabéu y moderados por la periodista y activista Patricia Simón, el reconocido jurista intervino en una mesa de reflexión titulada Tras el telón de la guerra, que permitió a los grancanarios acercarse a las consecuencias de las guerras con profesionales de primera línea que debatieron sobre el significado de los conflictos armados y la legitimidad de los mismos.
Unos minutos antes del comienzo del acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, Garzón tuvo tiempo para atender y responder unas preguntas a Atlántico Hoy, en las que hizo un rápido repaso de la actualidad judicial y de lo que está sucediendo en Ucrania.
[Pregunta] ¿Cómo le explicaría usted a un ciudadano de a pie lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?
[Respuesta] Yo creo que es imposible explicarlo, porque lo que está sucediendo no es jurídicamente admisible ni socialmente aceptable ni políticamente asumible y por tanto es imposible explicarlo. Un órgano constitucional debe de cumplir la Constitución. El período de su mandato expiró. Ha caducado y hace ya tiempo que deberían haber dimitido todos los vocales del CGPJ, porque el argumento de que se mantienen para no dejar vacantes es contradictorio y falso. Lo que están haciendo es usurpar una posición que no les corresponde. Habría que repartir las responsabilidades.
Los letrados de la Administración de Justicia han anunciado el fin de la huelga indefinida. ¿Los jueces serán los próximos?
Las reclamaciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia eran justas. Afortunadamente se ha llegado a un punto de encuentro. Creo que es bueno porque la Administración de Justicia, lo que no puede hacer, es estar paralizada. Ya tenemos el ejemplo del Consejo, si además lo extendemos a quienes administran justicia sería un mensaje muy negativo. Pero es justo plantear las reivindicaciones de cualquier colectivo y, evidentemente, si hay que negociar se negocia. Lo que no es admisible es que no haya ese diálogo.
Usted está en Gran Canaria para asistir a una mesa redonda con más juristas en la que se hablará sobre los conflictos armados. Tengo que preguntarle por Ucrania. ¿Hay solución?
Es muy difícil decirlo. La esperanza nos dice que sí. La claudicación por una parte, como es Rusia quien invadió y agredió a Ucrania, es muy difícil que se produzca, pero por la parte ucraniana y a la vista del suministro constante de armamento, tampoco parece que se vaya a producir de forma inmediata. Esto lo que significa es que al final están todos sufriendo las consecuencias. El sentimiento de defensa nacional existe y es comprensible, pero habría que iniciar sí o sí unos cauces diferentes y eso sólo lo pueden hacer dos o tres países, como son Estados Unidos, China, Rusia y desde luego la Alianza Atlántica. En ellos está la posibilidad. Ucrania es un actor secundario en ese ámbito y, al mismo tiempo, principal porque está sufriendo las consecuencias.
¿Acabará Putin ante la Corte Penal Internacional?
No creo porque Rusia no forma parte del Estatuto de Roma. Lo firmó, pero levantó su firma en 2016 y por tanto es difícil que esto ocurra y los precedentes que hay respecto de otros jefes de Estado mucho menos importantes, como Al Bashir, de Sudán, o Uhuru Kenyatta, de Kenia, no se llevaron a efecto. Por tanto, yo creo que, siendo una medida que podemos llamar simbólica, no va a producir más efecto que, quizás, llevar a un punto de posible acercamiento para que el conflicto termine, pero me temo mucho que podremos encontrarnos la justicia como un arma política más en el conflicto ucraniano.
Usted ha sido una persona que ha vivido el terrorismo muy de cerca. ¿Comparte el acercamiento de presos etarras que ha llevado a cabo el Gobierno de Sánchez?
El terrorismo en España terminó en 2011 y se ratificó en 2018. La organización terrorista ETA ya no existe ni va a volver a estar presente. Quienes están cumpliendo condena han recibido condenas proporcionales a los hechos gravísimos cometidos con pérdida de vida y daños materiales y de toda índole. Por tanto, que cumplan cerca del entorno familiar donde desarrollan su actividad vital, yo lo veo normal. Y en cuanto al desarrollo de permisos penitenciarios, concesiones de otro tipo que están previstos en el reglamento penitenciario, es el juez de vigilancia, es el Tribunal y son las juntas de evaluación los que lo tienen que valorar. Nos puede gustar más o menos, pero no se puede convertir en un acto de venganza el cumplimiento de las condenas.
Este martes se ha conocido que la jueza que instruye el ya tristemente famoso caso Medidador va a investigar las filtraciones que se han publicado en múltiples medios de comunicación. ¿Tiene recorrido esa investigación o choca directamente con el derecho a la información?
Lo importante es que se investigue a fondo el caso de corrupción. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen su ámbito de desarrollo. El problema no está en los medios de comunicación que publican, sino en quienes dan esa información, si es que estuvieran en ese círculo que teniendo acceso a la misma y estando secreta esa investigación cometen una revelación de secretos. Por supuesto que si esto se acredita, tendrían que responder ante la Justicia porque a veces se perjudica gravísimamente una investigación por esa filtración. Pero los medios de comunicación, una vez que tienen acceso a esa información, cumplen con su obligación que es dar a conocer a los ciudadanos esas noticias.
Hay un partido en España que tiene una amplia representación en el Congreso de los diputados y ya cogobierna en Castilla y León, me refiero a Vox, al que muchas personas consideran de extrema derecha. ¿Existe el fascismo en España?
Yo considero que el partido político Vox se alimenta de una ideología fascista en muchos de sus postulados. Y sobre todo firmemente creo que trata de implosionar la propia democracia. En todas sus acciones, respecto de la consolidación que de forma inveterada hemos conseguido a lo largo de toda la democracia, se ve ese segmento claramente contrario a los mismos. Busca ese retroceso y se está viendo también en otros ámbitos territoriales como Latinoamérica, donde quieren desarrollar esa misma actitud. Por tanto, dicho esto, es bueno que estén en las instituciones, pero tenemos que tener muy claro que los disfraces del fascismo son algo real y no es nada baladí. Vox debe de reconducirse si es que realmente quisiera ser un partido democrático.
Si ponemos como ejemplo el caso de Julian Assange. ¿Cree que se están perdiendo libertades en Occidente?
En el caso concreto de Julian Assange, sin lugar a dudas digo que sí. Es paradigmático que, por cumplir la labor del periodismo que es dar la información, que es tener acceso a la información, denunciar crímenes muy graves que podrían calificarse como crímenes de guerra, quien lo hace desde fuera de un país, sin tener acceso a ningún sistema de inteligencia, se vea acusado precisamente de ser un espía con base a una ley de 1917 que en ningún caso es aplicable. Sin embargo, Estados Unidos quiere dar una lección con esta acción de persecución política contra un periodista. Lo grave es que no nos damos cuenta de que esto es así y que si Julian Assange finalmente fuera entregado a los Estados Unidos, en donde no va a recibir un juicio justo con seguridad, estaríamos consolidando una ataque a la libertad de expresión y de acceso a la información muy grave y todos seríamos responsables.