La Audiencia Provincial absuelve a Mónica González, hija del empresario fallecido Ignacio González

La sentencia le da la razón a su defensa y explica que no se declara probado que la acusada, en el momento de ingresar el dinero en una cuenta titularidad de “Canesa” actuara con la intención de incorporarlo definitivamente al patrimonio de la empresa

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La acusada, Mónica González, en un momento del juicio oral.  / Atlántico Hoy
La acusada, Mónica González, en un momento del juicio oral. / Atlántico Hoy

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto de un delito de apropiación indebida a la empresaria Mónica González Santiago, hija del conocido empresario palmero Ignacio González Martín, ya fallecido, y hermana del también empresario y político de CCN Ignacio González Santiago.

El día 30 de noviembre de 2012, Mónica, actuando como administradora de la empresa Canarias de Neumáticos SA, vendió ante notario a Almacenes Grau Bassas SL una nave industrial situada en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, por 825.000 euros. La acusada recibió dos cheques bancarios contra la cuenta corriente que tenía la entidad compradora en la Banca March.

En contra del criterio de la fiscal, su abogado defensor, Jorge Hernández, alegaba que Mónica hizo lo correcto al ingresar un cheque por valor de 57.750 euros en la cuenta de la sociedad, ya que hasta el 30 de enero de 2013 (dos meses después de la compra) no habría que presentar la liquidación.

No se quedó con dinero

La sentencia, notificada este lunes, les da la razón. “No se declara probado que la acusada Mónica González Santiago en el momento de ingresar el dinero en una cuenta titularidad de “Canesa” actuara con la intención de incorporarlo definitivamente al patrimonio de la empresa”, explica la sentencia. Además, se declara probado que en el procedimiento concursal de Canesa se contabilizó un saldo a favor de la Agencia Tributaria Canaria.

Mónica González Santiago ha quedado absuelta de toda responsabilidad criminal del delito de apropiación indebida del que venía siendo acusada declarando de oficio las costas devengadas. La empresaria se enfrentaba a una pena tres años y seis meses de prisión y a una multa de nueves meses a razón de 20 euros diarios.