El pasado miércoles 17 de mayo, un barco llamado Ártabro zarpó de Vigo equipado con robots para bajar al pecio del Villa de Pitanxo, el buque gallego hundido el 15 de febrero de 2022 en aguas canadienses cercanas a Terranova en el que navegaba, además de otros 23 tripulantes, el biólogo canario Manuel Navarro. Manuel y otros 21 marineros perdieron la vida ese día. Su cuerpo jamás apareció, presumiblemente atrapado por el propio barco.
La misión del Ártabro, más de un año después, es la de bajar a los restos del Pitanxo para peritarlos y determinar la responsabilidad penal del accidente en un proceso judicial que está llevando la Audiencia Nacional. Lo que podría parecer una esperanza para los familiares de las víctimas, sin embargo, se ha convertido en una pesadilla.
La misión salió sin autorización
El miércoles zarpó el Ártabro, pero no los peritos contratados por las familias ni todos los peritos judiciales designados para investigar el accidente. La razón es que el Ministerio de Transportes, con mucha prisa después de no haber organizado la expedición durante 15 meses, decidió que había que salir apenas unas horas después de firmar con la empresa propietaria del Ártabro -ACSM Shipping- el contrato de más de tres millones de euros para descender al lugar del hundimiento.
Ahora, el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, ha dictado una durísima providencia -a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy- pidiendo explicaciones a Transportes sobre por qué tomó la decisión unilateral de hacer salir al barco, desobedeciendo las instrucciones estrictas de la justicia de coordinar la misión.
"Que por el juzgado se concierte con la empresa adjudicataria las fechas en las que se va a desarrollar la operación, conforme a las necesidades y posibilidades concernientes a aspectos tanto materiales como judiciales, entre los que destaca la participación e intervención de los peritos judiciales designados y los de parte", decían claramente las indicaciones de Moreno.
Varapalo de la Audiencia Nacional a Transportes
Tras haber ocurrido los hechos tan atropelladamente, el juez Moreno ha hecho llegar a los organismos responsables de la salida del Ártabro la siguiente información: "Dado que no se ha cumplimentado lo ordenado en el oficio antes transcrito, pese haber sido reiterado y, al parecer, ha zarpado el buque con un solo perito judicial, sin expresa autorización de este juzgado, prescindiendo total y absolutamente de cuantos extremos y circunstancias se reseñaban en el oficio de referencia, requierase mediante los correspondientes oficios a la Subdirección General de la Administración y Gestión Financiera y a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), a fin de que el máximo responsable de cada uno de estos dos organismos informen urgentemente a este juzgado de las razones por las que no se ha dado debido cumplimiento al ordenado en las instrucciones claras y precisas a las que se refería el oficio".
Además, la Audiencia Nacional ha exigido al Ministerio de Transportes que confirme "si efectivamente el buque a partido y si a bordo se encuentra alguno de los peritos judiciales designados", así como que comunique el itinerario del Ártabro, las fechas de realización de los trabajos contratados y las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para garantizar la presencia física de los dos peritos judiciales para la práctica de la pericia judicial acordada.
El magistrado Moreno ha enfatizado que son estos peritos y no otros quienes deban emitir el correspondiente informe pericial y presentarlo ante este juzgado.
Esperanza entre las familias
La reprimenda de Moreno a Transportes ha dado esperanzas a las familias de las víctimas de que "se pueda reconducir la situación", según declaraciones ofrecidas a los medios por su portavoz María José de Pazo, y se responsabilice al ministerio de lo que consideran "un disparate y un despropósito". El gran temor de las familias, según confirmó Mónica Navarro, hermana del biólogo canario fallecido en el naufragio Manuel Navarro, era que la ausencia de algunos de los peritos invalidase o pusiese en riesgo las pruebas.
Sobre el capitán del Villa de Pitanxo, Juan Padín Costa, pesa la responsabilidad de 21 presuntos homicidios imprudentes por negligencia el día del accidente y es precisamente eso lo que el Ártabro tiene que certificar. Según declaró Samuel Kwesi Koufie, uno de los tres supervivientes del accidente, Padín Costa no ordenó cortar las redes de pesca cuando el temporal estaba provocando que el buque se escorase y por las escotillas abiertas de las redes entró tal cantidad de agua que el buque se fue a pique en cuestión de minutos.