El Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene la obligación de controlar, inspeccionar y evaluar las prestaciones que tenga concertadas con empresas privadas. La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) le reprocha que no lo haya hecho entre los años 2012 y 2019 en un informe al que ha tenido acceso Atlántico Hoy. El organismo que depende del Gobierno regional tendría que haberlo hecho en rehabilitación, logopedia, hemodiálisis, asistencia especializada, cirugía cardiovascular y técnicas de hemodinámica.
El objetivo de realizar el documento es llevar a cabo una “fiscalización operativa” para analizar los servicios sanitarios que desarrollan las compañías a las que se les adjudican. Aunque el periodo a estudiar en un primer momento era solo de cuatro años, se decidió incluir 2017 y el anterior a la pandemia “con el fin de hacer seguimiento de los resultados del periodo anterior y acercarlos al tiempo más próximo a la emisión del presente informe”.
Controles periódicos
El texto remarca que una prestación sanitaria es “el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores, de promoción y mantenimiento de la salud financiados por la Administración”. En el caso del Archipiélago, hay entidades como ICOT que se encargan de desempeñar las consultas de diagnóstico y tratamiento; así como de rehabilitación ambulatoria.
La ACC explica que al SCS le corresponde controlarlo. Para ello puede realizar “cuantas evaluaciones y controles periódicos considere, verificando la adecuación del servicio que se presta y su calidad”. Además, señala que las distintas unidades del organismo que por aquel entonces dirigía Juana María Reyes no contaron con normas para la comunicación interna en el ámbito de las prestaciones sanitarias concertadas. Detalla que estos procedimientos se empezaron a instalar en 2019.
Reuniones
El tema no queda ahí porque el SCS también tiene la capacidad de supervisar periódicamente los contratos, verificar la adecuación del servicio y su calidad. “En la mayoría de los pliegos se constituye una comisión a la que corresponde, entre otras funciones, el seguimiento de la calidad y la correcta ejecución”, sentencia. La persona encargada de estar al frente de las reuniones es el director del Área de Salud –cuando es, entre otras cosas, para rehabilitación– donde esté ubicado el centro.
“En cuanto a la periodicidad de las reuniones, esta no es uniforme para las distintas comisiones y depende de la prestación. Destaca por su asiduidad, la comisión de rehabilitación en el Área de Gran Canaria, que lo hace cada 15 días (en Tenerife, se realizaban tres veces al año, reduciéndose paulatinamente su frecuencia”, continúa.
Manual de procedimiento
Volviendo a la inspección de los conciertos que no se llevó a cabo, la ACC resalta que las limitaciones de recursos, humanos y materiales, han condicionado el ejercicio de sus funciones al Ejecutivo autonómico, “sin que haya constancia de que ese control se hubiese realizado”.
El organismo presidido por Pedro Pacheco señala al Servicio Central de Inspección y Conciertos porque “se ha podido comprobar que no dispone de un plan de inspección in situ de prestaciones concertadas o de un manual de procedimientos para ello”. “Tampoco emite informes de la actividad realizada más allá de los controles puntuales orientados más a la homologación que a la evaluación continuada de la actividad”, apostilla.
Memorias de evaluación
Entre 2012 y 2019 –sin contar 2016–, el servicio recibió 128 solicitudes para realizar inspecciones, de las que solo ejecutó 68. La Audiencia de Cuentas no duda en emitir varias recomendaciones al SCS para que mejore a la hora de controlar las prestaciones efectuadas por terceros. Por ejemplo, realizar memorias de evaluación.
“Para esta evaluación sería conveniente que se elaborara una Instrucción por la Dirección del SCS para que el suministro de la información por los centros gestores sea homogénea y, por tanto, comparables sus Memorias de actividad”, explica.
Los contratos
“Es decisiva la dotación adecuada de los recursos en las unidades que tienen asignadas estas funciones, en particular humanos, siendo especialmente necesaria tanto en el Servicio Central de Inspección y Conciertos así como en los propios Servicios de Inspección de las Áreas de Salud”, prosigue el informe firmado el 28 de septiembre de 2022.
Pacheco va un paso más allá para aconsejar la aprobación de un plan de inspección y manuales de procedimientos que contengan las directrices para la actuación inspectora en los centros concertados. En el momento de elaborar el texto estaba vigente la mayoría de contratos excepto los de hospitalización y procedimientos quirúrgicos o resonancias magnéticas.
Pruebas diagnósticas
Es llamativo que no se ha podido obtener el gasto de los conciertos sanitarios, “dado que los aplicativos informáticos del SCS no ofrecen esta información desagregada sino de manera totalizada por acreedor o concepto presupuestario”. Un dato curioso es que entre 2011 y 2015 se hicieron 538.068 pruebas diagnósticas con medios ajenos.
El gasto real de prestaciones sanitarias ejecutados por empresas privadas fue en aumento en todos los años analizados, “aunque su peso sobre el gasto total del SCS ha sido cada vez menor”. Por comparar, en 2021 se destinó 191,3 millones de euros y en 2019 228,5 millones.
Sin estudios o análisis
“La población en Canarias ha aumentado en los últimos 20 años en 459.676 personas, al mismo ritmo que la nacional. A principios de 2016 la población residente en Canarias alcanzaba la cifra de 2,1 millones de personas. Por islas, un poco más del 80% de la población viene concentrándose en Gran Canaria y Tenerife”, indica.
“En los ejercicios 2012-2015 no consta que el SCS hubiese elaborado estudios, análisis u otros informes específicos orientados a la identificación del exceso de demanda de prestaciones sanitarias sobre la disponibilidad de recursos propios para su satisfacción y que obliga a acudir a medios ajenos privados para darles cobertura”, enuncia.