Cada año, la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) elabora un Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias que busca ser una hoja de ruta para mejorar las numerosas deficiencias que se dan en el seno de la administración pública. Aunque prácticamente todas las áreas de Gobierno, con sus diferentes empresas, organismos o fundaciones, reciben toques de atención por parte de la ACC, en el informe de 2023 se destacan varias deficiencias del Servicio Canario de Salud.
Este organismo, dependiente de la Consejería de Sanidad, acapara buena parte de las conclusiones destinadas a los organismos autónomos, centrada especialmente en las deficiencias en materia de contratación, en desequilibrios presupuestarios o en la "planificación ineficiente" de su presupuesto.
Los almacenes
La primera de las conclusiones señala directamente que la gestión de los almacenes de las instituciones hospitalarias del Servicio Canario de Salud “se lleva a cabo de una forma ineficiente” en relación a que existen “importantes diferencias cuantitativas” entre las cantidades que se han registrado en el sistema SEFLogiC (que registra todas las operaciones) y las existencias reales en los almacenes.
Calculan que esas diferencias entre las cantidades registradas y las existencias reales llegaron a alcanzar el 66,66% en farmacia, 73,34% en suministros y 93,33% en el de mantenimiento. Además señalan la existencia de material sanitario bloqueado por no cumplir con los requisitos en materia de Prevención de Riesgos Laborales o haber caducado.
"Planificación ineficiente"
La Audiencia de Cuentas también concluye que este organismo liquidó su presupuesto en 2023 con un “desequilibrio” de 456,3 millones de euros, a raíz de la tramitación de créditos ampliables sin cobertura, usados para el gasto en recetas farmacéuticas y material sanitario desechable.
Apuntan que esta figura de la tramitación de créditos ampliables sin cobertura debe contemplarse para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, sin embargo “el SCS hace un uso excesivo, indicativo de una "planificación ineficiente y de una presupuestación insuficiente”.
Sin dar publicidad
En materia de contratación señala el documento que el plan de contratación para 2023 se aprobó por 667,3 millones de euros, estando en realidad conformado por un único documento con 20 planes de contratación individuales para cada uno de los órganos de contratación.
Lo que señalan desde la ACC es que hay cuatro de los órganos que no figuran en el documento, sin mencionarse el motivo, pero es que además, 11 de estos órganos no han cumplido con la obligación de que los planes de contratación se publiquen en el Perfil del Contratante.
Contratos
Otro punto que afean desde la ACC es que en hasta 11 contratos superaron los 1,1 millones de euros, cifra límite que tiene el director del SCS para contratar, ante lo que debía de haber sido la consejería quien ejecutara el contrato.
Asimismo, destacan como cada vez más aumentan los gastos del SCS tramitados a través de expedientes de nulidad, que en 2023 superó los 547 millones de euros. “La mitad de las obligaciones contraídas con cargo a las prestaciones sanitarias satisfechas con medios ajenos, se gestionaron por nulidad. Lo que refiere una falta de sometimiento a la normativa contractual de los conciertos traspasados a la CAC por el extinto INSALUD”, concluye el documento.