Si hay una problemática que une a las fuerzas políticas de Canarias por unanimidad, son las necesidades de las personas con discapacidad en el Archipiélago. A pesar de que se ha reducido en comparación a 2022, en las Islas la espera para acceder a la prestación de dependencia es de 647 días.
Canarias de hecho es la comunidad con la tasa más alta en discapacidad. La Consejería de Derechos Sociales cifraba que en el 24,2% de las familias hay una persona que tiene una discapacidad reconocida. Por ello, el Parlamento de Canarias acogía este viernes una Comisión de Discapacidad donde dos asociaciones del Archipiélago han denunciado los problemas que sufren a diario no solo las personas que poseen esta diversidad funcional, sino de las propias asociaciones para realizar su labor.
Entre sus quejas está la financiación pública inestable para las asociaciones, la nula agilidad en los plazos para adjudicar un grado de dependencia o la falta de atención especializada por parte de profesionales en los centros educativos de Canarias.
La voz de dos asociaciones
En dicha Comisión Parlamentaria participaron José Marino Álvarez, de Pichón Trail Project de esclerosis múltiple --asociación que nació en 2014--, así como Ligia Andrea Molnar y la trabajadora social Elena López, que pertenecen a la Asociación Social Creciendo Yaiza de Lanzarote, la cual atiende a 198 familias en el municipio y ha dado el salto a Fuerteventura.
La esclerosis múltiple afecta a 3.000 pacientes en Canarias, por lo que Álvarez recordó que exige una atención especial y un esfuerzo conjunto. Aseguró que necesitan conseguir financiación estable para consolidad programas para los usuarios, técnicos y personal profesional. "Ahora pendemos del hilo de las convocatorias, porque son ingresos fluctuantes que impiden nuestra estabilidad", subrayó. En este sentido insistió en que no cuentan con la suficiente capacidad económica o que el propio local de la asociación no tiene las dimensiones adecuadas para poder realizar las reuniones. En el caso de las personas discapacitadas, solicitaron mayor agilidad para obtener los grados de discapacidad y dependencia, y concretamente con la esclerosis múltiple denunciaron la falta de profesionales en el servicio de atención especializada en neurología.
En el caso de la asociación lanzaroteña, Ligia Andrea Molnar explicó que trabajan con menores con discapacidad tras haber visto las familias, y concretamente ella como madre de un joven con diversidad funcional, que no se daba de manera correcta la atención temprana y post temprana. Elena López, como trabajadora social, visibilizó las carencias que perciben, como que la educación desigual para los alumnos, que no hay igualdad de oportunidad con las Islas capitalinas, la accesibilidad o los recursos. "Esto tiene como consecuencia el bajo rendimiento académico", expresó.
Unanimidad en la Comisión
Todos los grupos se mostraron unánimes ante las asignaturas pendientes de la administración pública y valoraron los retos que han logrado como asociaciones. Por ejemplo Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, reconoció la importancia de la coordinación entre la administración y las asociaciones sobre todo para que la financiación "llegue a tiempo y sea estable". Les dio la razón en que las necesidades de las islas no capitalinas "son mayores".
En cuanto al grado de discapacidad Marta Gómez (VOX) dijo que era necesaria esa agilización ya que estas personas no pueden entrar en el sistema para una ayuda específica sin ello. "Hay que terminar con esta burocracia", apuntó.
Por su parte Natalia Santana, de Nueva Canarias, afirmó que son conscientes del descontento de las familias, concretamente en Lanzarote, por la insuficiencia de recursos y de espacios en los centros escolares.