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Sociedad

Una asociación exportó 482 perros ilegalmente desde Gran Canaria al Reino Unido

La presidenta de la asociación presuntamente falsificó los certificados de exportación y los presentó ante las autoridades del Reino Unido

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Una asociación exportó 482 perros ilegalmente desde Gran Canaria al Reino Unido. / GC

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investigó el pasado día 1 de marzo a la presidenta de una Asociación por un presunto delito continuado de falsedad documental, al falsificar los certificados de exportación y presentarlos ante las autoridades del Reino Unido por exportar 482 perros desde Gran Canaria al Reino Unido de enero de 2021 a octubre de 2022. Hechos ocurridos en la localidad de Agüimes.  

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos el pasado día 04 de noviembre de 2022 a raíz de una denuncia interpuesta por el Coordinador Regional del Servicio de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Canarias, informando que su homólogo en el Reino Unido ( APHA ) le había traspasado una información al estar investigando la entrada en el Reino Unido de perros procedentes de la isla de Gran Canaria, por la dudosa

autenticidad de los Certificados Oficiales presentados por la Asociación investigada, pudiendo verificar que dichos Certificados no habían sido realizados por el Servicio de Sanidad Animal.

Inicio y desarrollo de la Investigación 

Los agentes tras tener conocimiento de los hechos acontecidos, llevaron a cabo todas las gestiones pertinentes para el esclarecimiento del ilícito penal, procediendo a verificar como desde enero de 2021 a octubre de 2022 dicha Asociación había exportado al Reino Unido 482 perros solicitando a las personas adoptantes un importe económico alrededor de unos 542 euros por los gastos de atención de los animales y traslado. 

Asimismo, se realizó una inspección conjunta con la Técnico Veterinaria de la Dirección General de Ganadería en las instalaciones que posee la Asociación investigada en el municipio de Agüimes localizando una gran cantidad de animales de diferentes especies (141 perros, 3 cerdos, 8 cabras, 7 equinos, 5 ovejas y 30 gallinas), careciendo de registros de entrada y salida de animales ni de recogida de cadáveres por parte de empresa gestora autorizada, además de falta de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), indicando la presidenta de la Asociación investigada que la mayoría de los perros proceden del Albergue Insular de Bañaderos y de los CETA de los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.

Cabe destacar que los agentes localizaron a 4 cadáveres de perros con microchip semienterrados en el terreno anexo a las instalaciones de la Asociación. Los investigadores en el ejercicio de sus funciones específicas realizaron la verificación de los Pasaportes Comunitarios de los perros, pudiendo comprobar como en uno de ellos el sello de la campaña de vacunación antirrábica obligatoria y la etiqueta correspondiente a la identificación de la vacuna, han sido recortados de otro pasaporte y pegados con cinta adhesiva.

Por tanto, al tratarse de movimientos comerciales intracomunitarios de animales vivos, se está sujeto a cumplir las normas zoosanitarias establecidas para evitar la extensión de enfermedades potencialmente transmisibles al hombre y a otros animales además de proceder de establecimientos que cumplan la legislación vigente y estar autorizados a tal efecto, no siendo el caso de esta Asociación al no encontrarse inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.

Para eludir los controles de España y no declarar las partidas comerciales con sus correspondientes Documento Único Administrativo (DUA), la Presidenta de la Asociación falsificaba los Certificados de exportación y los presentaba ante las autoridades del Reino Unido. Con esta práctica introdujo en el Reino Unidos unos 482 perros obteniendo con ello unas aportaciones económicas que podrían rondar los 265.000 euros. Las Diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Telde (Las Palmas).