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Sociedad

La Asociación Covid Persistente Canarias denuncia el abandono sufrido por Sanidad

La asociación se ha reunido con ODESOCAN para exigir a la administración que se pongan en marcha las unidades específicas prometidas, sobre todo en Tenerife, ya que Gran Canaria cuenta con una consulta monográfica

3 minutos

Reunión entre ODESOCAN y la Asociación de Covid Persistente Canarias / AH

Para 70.000 canarios y canarias el covid sigue presente en su día a día, aunque para el resto de la sociedad suene como algo muy lejano. La Asociación de Covid Persistente Canarias se ha movilizado para atender las necesidades de las personas que se ven afectadas por esta patología y, a pesar de su labor, se sienten desatendidos por la consejería autonómica de Sanidad. 

La falta de la puesta en marcha de las unidades específicas para atender esta enfermedad ha conllevado a que la asociación acuda a pedir ayuda al Observatorio de Derechos Sociales (ODESOCAN) para exigir a la Administración que cumpla con su compromiso. 

Sin unidades específicas

Emma Colao, directora de ODESOCAN, e Inmaculada Pérez, vocal de la junta directiva de la Asociación COVID Persistente Canarias, se han reunido la mañana del 20 de noviembre para manifestar su preocupación por la situación actual y la falta de recursos específicos para atender a quienes sufren esta afección con la intención de apelar a Sanidad. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10% y el 20% de la población que ha padecido Covid-19 experimenta síntomas a medio y largo plazo, entre los que se incluye fatiga, disnea y disfunción cognitiva, afectando la calidad de vida de estas personas. 

Desde la asociación señalan que no se han establecido unidades específicas como se prometió desde la Consejería. “Esta dejación por parte de Sanidad ha provocado un problema de salud pública, ya que hay un importante número de personas que están sufriendo Covid Persistente y no han podido ser diagnosticadas”, explica Pérez. 

Falta de implicación de Sanidad

La vocal de la agrupación señala que se ha puesto en marcha lo que consideran una “consulta monográfica” en Gran Canaria, mientras que “en Tenerife no existe ninguna” a día de hoy. “La semana pasada, dos pacientes con cita previa no fueron atendidos porque no había médicos disponibles", cuenta Pérez. 

Para la asociación lo “más grave” es la fecha establecida para la apertura de esta consulta: “Hemos mirado los presupuestos del Gobierno de Canarias para 2025 y en los indicadores de los presupuestos aparece que se va a abrir para 2027”. 

Asimismo, Pérez recuerda que la consejera de Sanidad prometió reunirse con la Asociación en su comparecencia parlamentaria del 10 de julio; sin embargo, la cita solicitada el pasado 11 de septiembre sigue sin respuesta. "Ahora nos derivan a la Dirección General de Programas Asistenciales, pero queremos hablar directamente con la consejera, ya que ella es la responsable de los presupuestos. Necesitamos entender qué está pasando y cómo podemos actuar para exigir una atención sanitaria adecuada”.

Peticiones 

Más allá de solicitar la apertura de las unidades específicas en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, desde la entidad han solicitado la formación de los profesionales sanitarios en esta enfermedad, así como la formación de docentes y pediatras con la intención de detectar la patología desde edades tempranas. 

Además, consideran vital el reconocimiento de discapacidad o incapacidad laboral para las personas diagnosticadas y la adaptación de los puestos de trabajo; dotar de la información y medidas sanitarias necesarias de prevención de esta enfermedad en todos los organismos públicos y, cómo no podía ser de otra manera, dotar recursos para la investigación. 

Tomar medidas

Desde ODESOCAN, Colao asegura que valorarán el caso y se informarán de la situación que está atravesando esta parte de la población para tratar de “mediar y dirigir medidas con las instituciones que tienen la obligación y la competencia para actuar frente al derecho a una salud digna”. 

La directora de la entidad responde así al fin mismo del Observatorio, que es “defender que el Gobierno de Canarias cumpla con los derechos sociales de la ciudadanía canaria, entre los que se encuentra la sanidad pública”.