El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por la Audiencia Provincial de Tenerife a un año y tres meses de cárcel, además de una multa de 14.600 euros, por abusar sexualmente de dos mujeres, una de ellas menor de edad, en una discoteca de Adeje, Tenerife.
El condenado, de 43 años y nacionalidad italiana, fue encontrado culpable de dos delitos de abuso sexual ocurridos en agosto de 2022 entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada. Durante este tiempo, el hombre tocó a las víctimas sin su consentimiento, metiendo la mano por debajo de sus trajes y acariciándolas. En uno de los casos, llegó a introducir un dedo en la vagina de una de las mujeres.
Sentencia "irracional"
El acusado argumentó ante el TSJC que la sentencia era "irracional" y que no existían pruebas suficientes. Sin embargo, el tribunal recordó que durante el juicio las declaraciones de las víctimas fueron exhaustivas y coherentes. Tres mujeres testificaron: las dos denunciantes y una amiga que estaba con ellas aquella noche. Todas afirmaron que habían bebido alcohol moderadamente y no estaban embriagadas, lo cual fue corroborado por un agente de policía que intervino en el lugar.
El tribunal rechazó las alegaciones del acusado sobre la falta de fundamento en los testimonios, así como sus excusas relacionadas con la iluminación y la oscuridad de la discoteca. Las tres mujeres identificaron sin duda alguna al acusado durante el juicio.
Estado de shock
El condenado también sostuvo que la menor no reaccionó adecuadamente a los ataques, lo que, según él, debería haber puesto en duda su relato. No obstante, la víctima se encontraba en estado de shock, razón por la cual su amiga reconoció al autor, que era la única persona presente en ese momento.
La Audiencia Provincial de Tenerife decidió suspender la pena de prisión durante tres años y medio, con la condición de que el condenado no se acerque ni comunique con las víctimas, participe en un programa de educación sexual y realice 60 jornadas de trabajos comunitarios. En su momento, la Fiscalía había solicitado cinco años y medio de cárcel y una indemnización de 7.500 euros para cada víctima. Los hechos no se consideran agresión debido a que ocurrieron antes de la entrada en vigor de la conocida como ley del "sí es sí".