La obra del anillo insular “está en marcha y en principio va a seguir”, señaló el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, mientras, en paralelo, los servicios jurídicos autonómicos están elaborando un informe sobre los efectos que tendrá la sentencia que afecta a la adjudicación del último tramo del proyecto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello se ha referido así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que da la razón a la unión temporal de empresas adjudicataria del proyecto, y que recurrió la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de excluir su oferta durante la pasada legislatura.
Posibles efectos de la sentencia
Se trata de una adjudicación de 256 millones de euros, indicó el portavoz del Ejecutivo, que se marca el compromiso de que siga siendo estratégica, al ya estar ejecutada en un 80%. Las obras continuarán, “no se han paralizado y es intención que sigan al mismo ritmo”, expuso Cabello, todo ello mientras se analizan los efectos de la sentencia. “Es un análisis complejo porque puede tener una trascendencia importante", expresó.
Aunque Cabello ha recordado que la licitación se produjo cuando el actual consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, estaba en el cargo, ha achacado los efectos negativos a la gestión del anterior Gobierno y del en aquel momento consejero Sebastián Franquis.
Preguntado sobre si los pasos dados por el Ejecutivo anterior no respondían también a otra sentencia, Cabello ha asegurado que la realidad es que se deberían y se podrían haber tomado decisiones en el ámbito del Consejo de Gobierno.
El informe, ha agregado, estudiará asimismo si se va a producir un perjuicio para las cuentas de la comunidad autónoma y ha recordado que aún cabe un recurso de casación al respecto "y hay pasos que se tienen que seguir dando", ha concluido.