El catálogo de Idealista ofrecía, a principio de esta semana, 2.046 casas o viviendas para alquilar en Canarias. De esa cifra, sólo 84 se podían arrendar por 500 euros o menos a lo largo y ancho del Archipiélago. Y de ese número, únicamente once se localizaban en las dos capitales –tres en Santa Cruz de Tenerife y ocho en Las Palmas de Gran Canaria–. Cuando termine de leer este artículo puede comprobar esos datos. Vaya a la web de ese portal inmobiliario y busque bajo esas mismas condiciones, pero no olvide un dato importante –para ponerse en situación– ante un problema que afecta a buena parte de la población canaria: el salario medio en las Islas, durante 2021, fue de 1.416 euros.
El ejercicio de verificación del párrafo anterior sirve, además, para respaldar un informe que Idealista publicó hace unos días y en el que sobresale una realidad que condiciona la economía de un buen número de familias en Canarias: el pago del alquiler de una vivienda en Canarias consume más de un tercio de los ingresos del hogar. La cifra alcanza el 42% en la provincia de Las Palmas y se sitúa en el 33,4% en la de Santa Cruz de Tenerife, según un estudio que cruza los precios de arrendamiento en las Islas durante septiembre de 2022 y la estimación de las rentas por domicilio –en esa misma fecha– publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ejemplos
Por menos de 500 euros, en Santa Cruz de Tenerife se puede arrendar un piso en la zona de Igueste (San Andrés), cerca de la playa de Las Teresitas y a cinco kilómetros del centro de la ciudad. Por 470 euros al mes –más dos meses por adelantado de fianza– una persona –pagando agua y luz y sin mascotas– se puede ir a vivir a un inmueble de 35 metros cuadrados que cuenta con una cocina, un baño y una litera que cubre el salón.
En 30 metros cuadrados, localizados en el barrio de San Nicolás –cerca del Castillo de Mata–, otra persona podría vivir de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria si abona 450 euros mensuales de alquiler –y además de acredita solvencia económica y paga por adelantado una mensualidad de fianza–. Bajo esas condiciones puede dsfrutar de un cuarto –recién remodelado– en una azotea que se divide en dos habitáculos: un pequeño baño y un salón donde se reparten un mueble, una cama, una cocina, una pequeña mesa y dos sillas. Todo con vistas a los edificios de Primero de Mayo.
Problema real
La realidad, tanto la que se refleja entre números y datos de diferentes informes y la oferta que presenta el mercado, revela que encontrar un alquiler en Canarias que se adapte a las necesidades y circunstancias de un individuo o una familia se ha convertido en un problema real. Un conflicto, además, que afecta a diferentes franjas sociales –jóvenes que desean emanciparse, familias con rentas escasas, jubilados con pensiones bajas, trabajadores de zonas turísticas– y sectores económicos dispares.
Tony Díaz regresó hace poco más de un año a Las Palmas de Gran Canaria tras completar sus estudios superiores en Madrid. En verano firmó su primer contrato laboral tras un breve periodo de prácticas en una empresa relacionada con las nuevas tecnologías. "Tengo trabajo, no me pagan mal si me comparo con la situación de otros amigos y mis padres me pueden ayudar", explica, "pero si me quiero ir de alquiler en la ciudad, en una vivienda que me guste y se adapte a lo que quiero, tengo que emplear más del 60% de mi sueldo. No tengo carnet y busco algo bien comunicado, pero todo se va precio".
El joven, además, recalca que "mi problema es el de todos mis amigos". "Los que empiezan a trabajara ahora", explica, "tienen sueldos bajos y los precios para alquilar en la parte baja de la ciudad no son asequibles. Pero fuera del centro la cosa tampoco mejora, porque la oferta no suele ser atractiva y los precios tampoco son bajos. Para poder acceder a algo decente hay que optar por compartir piso y muchos de nosotros ya hicimos eso en la Península en nuestra época universitaria y ahora aspiramos a otra cosa".
Políticas
Laura Fuentes (Podemos), directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, se ha mostrado crítica en los últimos meses con un escenario que vincula al alquiler vacacional y el nomadismo digital. "El futuro de las Islas pasa por garantiza derechos y desterrar la especulación", apuntó en sus redes sociales después de que se publicara un estudio en el que se aseguraba que la llegada de Airbnb a las ciudades aumentaba el precio de los alquileres.
El Gobierno de Canarias, del que forma parte la propia Laura Fuentes, puso en marcha el 2 de agosto el Bono de Alquiler Joven. Al cierre de octubre, fecha límite para pedir la ayuda, 10.812 personas la habían solicitado. De ese número, 354 ya lo estaban cobrando. Cerrado el último plazo, desde el Ejecutivo regional se anuncia que se abrirá otra convocatoria para subvención incompatible con las ayudas al alquiler que tramita la misma administración pública –una prestación económica que se enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 cofinanciado con el Estado– y que tiene como objetivo facilitar el disfrute de una vivienda o habitación a sectores de población con escasos recursos económicos.
Turismo vacacional
Un estudio de la Universidad de California relacionó en 2019 la presencia de Airbnb en las ciudades con el aumento del precio de los alquileres. "Las ciudades y los pueblos tienen una oferta limitada de viviendas, por lo que este proceso puede acabar aumentando las tarifas de alquiler", explican los investigadores.
En Las Palmas de Gran Canaria, antes del boom del alquiler vacacional en la ciudad, el precio de medio del metro cuadrado estaba en 7,9 euros –584 por una casa de 80 metros–. Hoy, diez años después y en plena expansión de este tipo de negocio vinculado al turismo, el metro cuadrado está a 12,1 euros. En Santa Cruz de Tenerife, el precio es ligeramente más bajo: 11,6 euros el metro cuadrado.
Tasa de esfuerzo
El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para afrontar el alquiler de una vivienda se incrementó en las dos provincias canarias en el tercer trimestre del año –respecto a 2021–. En Las Palmas, la tasa de esfuerzo aumentó 4,2 puntos: pasó del 37,7% de septiembre de 2021 al 42% de este año –la tercera cuota más alta del país–, mientras en Santa Cruz de Tenerife el incremento fue de cuatro puntos –del 29,5% al 33,4%–.
La provincia de Barcelona es la que mayor esfuerzo exige a sus ciudadanos, ya que es necesario destinar el 52,2% de los ingresos familiares al pago de la renta. Le sigue Guipúzcoa, con el 48,8%, Las Palmas (42%), Vizcaya (41,2%), Madrid (41,1%), Girona (40,8%), Cantabria (36%), Valencia (35,3%), Sevilla (34,7%), Lleida (33,7%), Álava (33,5%) y Santa Cruz de Tenerife (33,4%). Las 12 provincias superan el umbral del tercio de los ingresos que es el límite que recomiendan los expertos.
Dificultades para los trabajadores
Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), advirtió hace menos de un mes que "a pesar de que en el sector alojativo nuestras plantillas se sitúan en niveles salariales similares a los del resto del país, todos sabemos que las Islas siguen siendo la comunidad con los salarios más bajos de España. Esto se une a que lideramos el incremento en los precios de los alquileres, combinación explosiva perfecta para la escasa oferta de alojamiento residencia".
El líder de la patronal hotelera de la provincia occidental señalaba entonces tres factores que daban forma a un cóctel que podría degenerar en turismofobia en una región donde el PIB se levanta en buena medida a partir del propio turismo: la falta de vivienda pública en Canarias; la presencia de los fondos buitre; y el fenómeno de la vivienda vacacional, ligado directamente a la falta de vivienda en zonas turísticas.
No de PSOE y PP a regular el precio
El martes pasado, en la mesa de la Comisión de Presupuestos del Congreso, el PSOE y el Partido Popular (PP) se unieron para vetar las enmiendas parciales que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu presentaron a las cuentas públicas de 2023 para regular el precio de los alquileres –además de prohibir los desahucios de forma estructural–.
Sin embargo, de las cuatro enmiendas registradas por los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, los dos grandes partidos estatales mantienen los incentivos fiscales en materia de arrendamiento de viviendas. Las decisiones políticas, una vez más, van por un camino y la mayoría de los españoles transitan por otra vía.