El colectivo Iniciativa de Apoyo Ciudadano afectado por la erupción volcánica ocurrida en La Palma el pasado año ha presentado una reclamación este lunes, justo cuando se celebra el aniversario, a todas las administraciones implicadas por ‘’falta de información a la ciudadanía’’ previa a la erupción ocurrida el 19 de septiembre de 2021.
Óscar Martín Portal, quien es afectado y miembro de la iniciativa, así como precursor del inicio de la reclamación, emitió una nota de prensa este lunes donde se informaba de la presentación de dicha reclamación por Responsabilidad Patrimonial ante ''una falta de información previa'' que si se hubiese dado, según los damnificados, ''se hubiesen minimizado los efectos de la catástrofe''.
La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, señalaba a finales del pasado mes de mayo en la Comisión de estudio sobre los efectos de la crisis volcánica y reconstrucción en La Palma celebrado en el Parlamento de Canarias, que el IGN había advertido de una ''erupción inminente''. A pesar de ello, posteriormente resaltó que en la reunión del Pevolca del día 19 de septiembre -día de la erupción- las instituciones hablaban de que el proceso podía tener ''una evolución a corto plazo'', pero no se puso en consenso si se trataba de horas o días.
Reclamación en pleno aniversario
Aunque desde la iniciativa resaltan que ''en ningún momento consideran que existiera mala fe por parte de las administraciones'', sí expresan que las mismas ''vivieron, junto con nosotros, subestimando al volcán'' asegurando que la única diferencia existente es que ''tenían información, mientras que la población no''. Además, en el comunicado esperan que la reclamación sirva ''para proteger a las futuras generaciones, en todos los sentidos, para que nunca subestimen a la fuerza más destructiva de la naturaleza''.
En este sentido, la agrupación ha presentado una reclamación de Responsabilidad Administrativa, que se considera cuando una administración pública no cumple correctamente con sus obligaciones legales en cuestión de servicios públicos, por lo que se pueden reclamar los daños causados, según explican fuentes juristas a Atlántico Hoy. En este sentido, la jurista resalta que existe mucha importancia de que el trámite se haya formulado este lunes, ya que ‘’la acción por responsabilidad patrimonial requiere de un plazo de prescripción de un año, por lo que el plazo en principio finalizaría el 19 se septiembre’’. Asimismo, la jurista apunta que de este proceso se espera reclamar principalmente enseres y pérdida de animales.
''Falta de información''
Las personas afectadas aseguran que se podría haber informado con tiempo sobre la situación. De hecho, en el comunicado emitido por Martín expresan que desde el año 2017 se tenía información de enjambres sísmicos en la zona. En la nota declaran que la Doctora Carmen Lópéz, directora del Instituto Geográfico Nacional, ''contaba a sus alumnos de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid que comenzaron a observar múltiples parámetros, como la ratio H3 / H4, enjambres sísmicos poco usuales, aumento de CO2 en las aguas, entre otros indicadores, desde octubre de 2017, y como eran claros precursores de una erupción volcánica''.
En lo que respecta a las afirmaciones sobre el año 2017, en una entrevista concedida por María José Blanco a EFE el pasado 15 de septiembre, recuerdan que Carmen López expresó que ''cuando registraron el enjambre sísmico el 11 de septiembre vieron que había algo diferente respecto a los que se venían produciendo desde 2017 bajo la dorsal de Cumbre Vieja''.