El Volcán de La Palma, que erupcionó el 19 de septiembre de 2021, ha sido la mayor catástrofe natural de Europa en casi un siglo: 1600 viviendas sepultadas bajo la lava, más de 300 hectáreas de cultivos y otros daños materiales que han provocado que los afectados perdieran sus bienes en tan sólo 85 días.
Han desaparecido o han quedado divididos para siempre tal y como los conocíamos, los barrios de El Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada, La Laguna. Tres años después, la Plataforma de Afectados por Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021 emite un comunicado quejándose de la falta de ayudas y de varias decisiones que tachan como "humillantes" por parte de los gobiernos central y regional.
Medidas desacertadas
Según el comunicado, la plataforma enumera algunas de las medidas "humillantes" como las cantidades destinadas a la emergencia volcánica "irrisorias", "se hacinó a los afectados en viviendas contenedores, los afectados pasaron de una casa con huerta, jardín y animales domésticos a vivir como sardinas en lata", aseguran.
Además aseguran que el Gobierno de Canarias "ocultó grabaciones y actas de las sesiones del PEVOLCA en los que no se tomó la decisión de pasar el semáforo de amarillo a naranja a pesar de que la erupción era inminente". Según el comunicado "a partir del mes de agosto se ha empezado a notificar a los afectados que perdieron sus viviendas habituales las compensaciones que van a percibir en virtud de las nuevas leyes aprobadas, y que se abonarán antes de final de año con cargo a la aportación del Estado de 100 millones de euros de 2023 y la aportación, por la Administración canaria, de 50 millones de euros".
Nuevas medidas
Sin emabrgo, la Plataforma pide ahora cinco nuevas medidas a fin de garantizar los derechos de los afectados y mejorar el trabajo hasta ahora recorrido:
Que el Estado transfiera al Gobierno de Canarias los 100 millones de euros necesarios para este año 2024 de modo que se puedan pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales.
Que se busque una solución urbanística en forma de compensación complementaria a todos aquellos terrenos que tienen más de 10 metros de espesor de lava, los que son objeto de protección cautelar y los que serán declarados en espacio natural protegido por su cercanía al volcán,
Que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma concedan una línea de subvenciones para los proyectos de viviendas y de fincas rústicas y para la ejecución de obras que cubra al menos el 50 por ciento del importe de los proyectos y el 50 por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras.
Que las Cortes Generales modifiquen el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa a los efectos de compensar de forma adecuada con el cien por cien del valor real del día antes del volcán a los expropiados de fincas por las carreteras de la Costa y de las Norias y no se le compense por el infravalor de un tercio sobre el valor real, como se pretende. Y que aquellos expropiados para construir las carreteras, cuando reciban la compensación del Gobierno de Canarias se les compense por la superficie total de la finca afectada por el volcán aunque una parte haya sido expropiada.
Que se apruebe en el Parlamento autonómico la Ley de Volcanes de Canarias para que por ley se garantice la recuperación íntegra de lo perdido a los afectados, en el futuro, de posibles catástrofes volcánicas como la ocurrida en 2021.
Además los afectados recuerdan que "los ciudadanos no tienen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios sufridos por las erupciones volcánicas, ya que nunca fueron advertidos del riesgo volcánico por las diferentes Administraciones públicas, y "no se nos obligó en ninguna norma jurídica que nos hiciéramos un seguro o reaseguro que cubriera el valor de nuestras propiedades a pesar de que, según varios estudios científicos publicados, los científicos venían advirtiendo del aumento de la sismicidad y del riesgo volcánico en la zona desde el año 2017".