La Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa ha exigido que no existan "afectados de primera y de segunda", en el proceso de indemnización vinculado tanto a la erupción volcánica como a las expropiaciones necesarias para la construcción de la nueva vía.
La organización ha reclamado al Gobierno central que aplique el mismo criterio de justiprecio para los expropiados por la carretera que el que se emplea para los afectados por el volcán Tajogaite, quienes han recibido compensaciones de hasta 44 euros por metro cuadrado de superficie agrícola dañada, sin pérdida de propiedad.
La plataforma ha criticado que el valor que se estudia para las expropiaciones por la carretera de la Costa sea inferior a esa cifra y conlleve la pérdida definitiva de las parcelas, ya que consideran que “esta situación provocaría un trato desigual entre los afectados que han sufrido dos adversidades consecutivas: el desastre natural y la obra pública”.
Reunión con el Gobierno
En vísperas de una reunión con el Gobierno central los primeros días de octubre para negociar las expropiaciones, la plataforma ha manifestado su preocupación ante la falta de comunicación pública sobre el proceso, y han lamentado “el desinterés de muchos responsables públicos y colectivos agrarios en relación con los problemas de los afectados”.
El colectivo ha mantenido durante el último año conversaciones con autoridades de diversos niveles, subrayando que, en algunos casos, por parcelas colindantes o incluso una misma parcela, podría haber indemnizaciones muy dispares. La plataforma ha elogiado el trabajo de la pasada Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, encabezada por Sebastián Franquis, y demanda que el Gobierno central siga la misma línea de sensibilidad hacia los afectados.
Finalmente, han instado a los expropiados que no hayan recibido la notificación de la reunión a ponerse en contacto con las autoridades competentes y acudir con la documentación pertinente. También han recomendado a cada propietario que realice mediciones periciales de las fincas, tras detectar casos en los que las superficies publicadas en el Boletín Oficial del Estado no coinciden con la realidad, según sostiene la plataforma.