El Juzgado de Instrucción numero siete de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, la directora general de recursos económicos del mismo organismo, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de RR7 United, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el llamado caso mascarillas.
La autoridad judicial ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito. Además, ha ordenado que se cite a los tres a declarar en calidad de investigados.
Además, el juzgado ha ordenado el embargo de los vehículos y el embargo y bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias de los investigados.
Peticiones de cese y comparecencias
Este martes, Intersindical Canaria (IC) ya reclamó el cese cautelar de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud tras la querella presentada contra él por la Fiscalía Anticorrupción, por entender que su permanencia genera "inseguridad jurídica" para la investigación y el desarrollo de sus labores en el cargo.
Además, el ahora investigado compareció la mañana de este miércoles en comisión parlamentaria para explicar las circunstancias que rodean el caso de las mascarillas y aseguró que no tiene ningún tipo de amistad con Rayco Rubén González.
Domínguez aseguró además que nadie del Gobierno de Canarias ha pedido su dimisión por el caso mascarillas.