Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio contra dos administradores de la sociedad Gestión y Desarrollo del Confital SL, acusados de un presunto delito de administración desleal y otro societario. El fiscal pide para cada uno de ellos, cuatro años y seis meses de prisión. Se trata del abogado Francisco Rafael Palomo y Juan Antonio del Río, que en el momento de los hechos eran miembros del consejo de administración de la citada sociedad. También se ha sentado en el banquillo de los acusados, Pedro Martínez, acusado de los mismos delitos.
La versión de la fiscalía y de la acusación particular es que Palomo y Martínez (que no tenía nada que ver con la empresa), en los días previos al fallecimiento de Juan Calderín, consejero delegado solidario y presidente del consejo de administración de Gestión y Desarrollo del Confital SL, presuntamente se transfirieron 432.000 euros de la cuenta de la empresa a otra de la que ambos eran titulares. Según ha declarado Palomo, las claves de acceso a la cuenta las manejaba el responsable de contabilidad de la empresa y que fue precisamente esa persona y otra empleada las que les alertaron de que la cuenta podría quedar bloqueada tras el fallecimiento de Calderín. “Obviamente ellos estaban preocupados por su sueldo, pero además nos dicen que había un impuesto de una sociedad vinculada que había que pagar”, afirmó el acusado.
'Destino instrumental'
Durante su relato, Palomo explicó que la idea que se les ocurrió (a él y a Martínez) fue la de abrir otra cuenta a nombre de la sociedad pero que como no pudieron hacerlo, optaron por abrir una mancomunada a nombre de los dos. “Como destino instrumental, no como destino final”, aclaró. Exactamente lo mismo declaró Martínez que insistió en que la idea provenía de dos empleados y que la intención de esa cuenta era mantener los pagos de los sueldos, las obligaciones tributarias y el impuesto de sociedades. “Nunca he dispuesto de un solo euro de esa cuenta”, concluyó.
También contestó en la misma línea a las preguntas del fiscal, Juan del Río. “Cuando me enteré de todo, estaba un poco extrañado, Armando Betancor (yerno del fallecido Calderín) fue a mi casa de Madrid y me lo contó. Lo recuerdo perfectamente porque me impactó. Así que vine a Las Palmas de Gran Canaria, me reuní con Don Francisco Palomo y Don Pedro Martínez y me explicaron que lo habían hecho cumpliendo con la misma forma de pagos que había llevado a cabo mi amigo Juan Calderín durante casi veinte años y que no me lo habían dicho antes porque me vieron muy afectado por la muerte del señor Calderín, por eso les creí. No soy mal pensado”. Aseguró Del Río, que en los años 70 fue director general del Banco Coca.
Polémica junta
Además, se les acusa de desviar a esa misma cuenta el importe de los alquileres que se cobraban a terceros a favor de Gestión y Desarrollo del Confital SL, pero Palomo ha solicitado al tribunal no contestar a las preguntas relacionadas con este tema por considerar que está fuera de la instrucción del procedimiento que se está juzgando.
Los acusados en una junta celebrada el 30 de junio de 2017 presuntamente aprobaron las cuentas anuales de 2016 de dicha empresa con el voto a favor de Juan Antonio del Río que era el presidente de la sociedad en ese momento, pese a que en las mismas se omitía toda referencia al hecho de que fondos de la sociedad se hallaban depositados en una cuenta particular de los otros dos acusados. Además, tras la aprobación de las cuentas de 2016 los encausados no procedieron a aprobar nuevas cuentas ni a facilitar a los demás socios los estados contables actualizados, ni los balances, ni la cuenta de resultados, de pérdidas y ganancias, ni la memoria anual, a pesar de las reclamaciones efectuadas por otros socios. “Mermando por ello los derechos que garantizan la participación de los socios en la gestión de la sociedad GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CONFITAL SL atribuido por las leyes y sus estatutos”, detalló la fiscalía.
El juicio seguirá este miércoles y jueves con las declaraciones de los testigos y los peritos aunque con toda probabilidad tendrá que extenderse, como mínimo un día más. Los tres hombres se enfrentan a una pena de prisión, a pagar 19.800 euros cada uno en multas y a indemnizar a Gestión y Desarrollo del Confital SL en la cuantía que se determine por los presuntos perjuicios causados, una cantidad que podría pasar de los tres millones de euros.