El exadministrador de la empresa Melba Insular ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de administración desleal. C.M.R tenía el 50% de la mencionada sociedad que se dedicaba a explotar negocios de restauración.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 9 de mayo de 2017, C.M.R fue designado como administrador por acuerdo elevado a público en escritura. “Melba Insular S.L. desarrolló el descrito objeto social en dos locales previo arrendamiento de los mismos, uno situado en el Barranco de la Ballena nº 1 local 4 bajo C, y el otro local situado en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra n.º 1 local 6. C.M.R. se encargaba de la preparación y del despacho de productos a los clientes en los locales, de la formación y control de los trabajadores y permanecía en ellos en el desarrollo cotidiano de la actividad”, explica la Fiscalía en su escrito
Sin consentimiento
Su socio y denunciante, acudía a última hora del día, recogía las cajas de efectivo, negociaba y pagaba a los proveedores y realizaba una labor más burocrática.
“Con independencia de pactos que no se han acreditado entre ambos socios C.M.R., faltando a las más elementales obligaciones que como administrador de Melba Insular S.L. tenía, realizó los siguientes actos sin asentimiento ni conocimiento de su socio”, indica el fiscal.
Contratos
“Uno resolviendo el contrato de arrendamiento del local situado en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra nº 1 local 6 y otro, la firma de un contrato el 31 de enero de 2019 teniendo por objeto el arrendamiento del local de negocio situado en Barranco de La Ballena nº 1 local 4 bajo C, previa resolución del existente entre la arrendadora y Melba Insular S.L., todo ello sin la obtención de beneficio alguno para la sociedad que administraba”, detalla el escrito.
Según la Fiscalía, con esta maniobra, el acusado ha causado un notable perjuicio económico a la sociedad Melba Insular S.L. y a su socio que se estima en 49.000 euros por lo que pide seis meses de prisión.
Además, pide una indemnización para el socio en la suma que se acredite en ejecución de sentencia, cantidad que devengará el interés legalmente previsto.