El pasado 31 de enero, cuatro miembros de la organización ecologista Greenpeace abordaron el barco de la multinacional Shell White Marlin Valleta en aguas al norte de Canarias. El buque cargaba una gigantesca plataforma petrolera y se dirigía al mar del Norte. Cuando pasaba por el Archipiélago, zarpó desde el puerto de La Luz, en Gran Canaria, el barco de Greenpeace Arctic Sunrise para interceptar al White Marlin Valleta.
Desde el Arctic Sunrise, cuatro lanchas se acercaron al buque de Shell y a él subieron con cuerdas y mosquetones cuatro activistas con víveres para pasar varios días a bordo. Además, colgaron una pancarta que decía: "Dejen de perforar. Paguen los daños". Días más tarde, el 6 de febrero, a su paso por el canal de la Mancha, otros dos activistas de Greenpeace, Pascal Havez (Francia) y Silja Zimmermann (Alemania), lograron subir al barco desde el trimarán Mérida.
Sin detenciones pero con demandas
Este domingo, los seis miembros de Greenpeace desembarcaron del White Marlin Valleta en el puerto noruego de Haugesund y no fueron detenidos por la policía del país escandinavo. No obstante, Shell ha demandado a Greenpeace por daños y perjuicios y le reclama una cantidad de 100.000 libras esterlinas -112.764 euros al cambio actual- como medidas cautelares.
Según ha publicado Greenpeace en su página web, el viernes 3 de febrero Shell envió "una orden judicial contra los cuatro activistas de Greenpeace, amenazando con multas y hasta dos años de cárcel" a los activistas. La organización asegura que Shell incluyó el barco de Sea Beaver -propiedad de Greenpeace Reino Unido- en la orden judicial, impidiendo que se acercase a su barco a menos de 500 metros para evitar más acciones.
La justicia rechazó ampliar las medidas cautelares
Posteriormente, el martes 7 de febrero, Greenpeace afirma que los abogados de Shell solicitaron al Tribunal Superior de Londres que "ampliase considerablemente la orden judicial existente", pero las peticiones de la multinacional fueron "rechazadas en gran medida a pesar de que los acusados admitieron que se planeaban más protestas".
El viernes 10 de febrero fue cuando Shell demandó a Greenpeace por la mencionada cantidad de 112.764 euros, dos días antes de terminar el viaje. Los activistas esperaban ser detenidos a su llegada a Noruega, sorprendiéndose de que finalmente no ocurriese. En un último acto antes de bajarse, los activistas han escalaron el mástil de la plataforma, haciendo ondear una pancarta que decía: "Dejen de perforar, empiecen a pagar".