El 25 de abril de 2019 se aprobó la Ley de Atención Temprana de Canarias, siendo la última comunidad en promulgar una ley del estilo. Tras más de 28 meses desde su publicación y puesta en marcha
la Plataforma de Atención Temprana de Canarias ha llevado a la Fiscalía al Gobierno de Canarias por el incumplimiento de la norma, que deja
a 9.000 niños y niñas de Canarias sin recursos para sus tratamientos.La propia ley contempla la Atención Temprana como "
el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos".Estas intervenciones en atención temprana y tal y como recoge la norma “deben considerar la globalidad del menor y siempre se ha de contar con un equipo interdisciplinar”. Un equipo interdisciplinar que desde la Plataforma denuncian incompleto.Según la ley el equipo de atención temprana estaría formado por un
psicólogo clínico, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un logopeda, un psicomotricista y un trabajador social. La Atención Temprana “es el trabajo conjunto de estos profesionales con el menor y con su familia, dándole un lugar prioritario a las familias”, explica a AtlánticoHoy
Miguel Llorca, miembro de la plataforma.
De las 11 unidades previstas en la ley para Canarias, tan solo dos están en funcionamiento. Y de esas dos ninguna se encuentra al 100 %: faltan elpsicomotricista y el trabajador social, dependientes de la Consejería de Políticas Sociales.
Profesionales especializados
Otra de las quejas de la plataforma es la formación de los profesionales. Según la ley “la formación de los profesionales de tratamiento directo, además de la titulación propia, deberá ser específica en intervención temprana, pudiendo acreditarse mediante cursos de especialización de postgrado específico y/o cinco años de experiencia profesional”.“Lo único que se ha hecho es ofrecer al personal que ya dependía de la gerencia del Hospital Materno infantil en Gran Canaria o del Hospital de La Candelaria en Tenerife como una propuesta para que
voluntariamente el personal que quiera trabajar en la unidad de atención temprana optara a ese puesto”, denuncia Llorca.En este sentido y dado a la ausencia de una convocatoria pública, “
tampoco se está cumpliendo con el requisito que dice la ley de que el personal que se asigne a una unidad de atención temprana tiene que tener formación específica”, protestan desde la plataforma.
“
Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es abrir una lista en Políticas Sociales”, opina el miembro de la plataforma. Y añade que, “personas formadas y con posgrados los hay, otra cosa es que ahora ellos administrativamente no tengan lista de sustituciones, por eso lo que hay que hacer es una convocatoria pública”.
Un equipo multidisciplinar
El liderazgo de las actuaciones en esta ley compete a la Consejería de Sanidad, aunque también intervienen las de Educación y Políticas Sociales. Esta última denuncian desde la plataforma que
no está aportando el personal que le corresponde a estas unidades. Por otra parte, desde Sanidad sí que han ofrecidos medios, como los espacios, informan desde la plataforma. Y desde el área de Educación se ha aportado a un psicopedagogo para coordinación entre la unidad de Atención Temprana. Pero desde la plataforma defienden la creación de un propio grupo de atención dentro de Educación. “
Nosotros reivindicamos también la creación de un equipo específico de atención temprana y el incremento de los apoyos en la escuela”, sostienen desde la plataforma.Respecto a este área, otra de las cuestiones que afectan a la Atención Temprana en las islas son las
bajas cifras de escolarización en edades no obligatorias. “La mayoría de niños que van a una unidad de atención temprana deberían estar escolarizados porque el aspecto de la socialización es fundamental y trabajar en los tres requisitos de aprendizaje”, destaca.Canarias tiene una de las tasas de escolarización no obligatoria más bajas de España. Con solo un 6,3% de menores de un año escolarizados, un 16,5 % de un año y un 26,4 % de dos años. "Nosotros pensamos que en educación también habría que incrementar más recursos, más apoyos para específicamente atender a estos menores. Además que hay que seguir avanzando en la escolarización", comenta.
Dos unidades de manera deficitaria
“En principio, en la ley está previsto que haya tres unidades en cada isla capitalinas. Lo único que se ha hecho es abrir una en las capitales, pero hay que atender a la zona norte y sur de cada isla”, explica. “Luego la promesa era que, paulatinamente, a medida que se iban obteniendo recursos en los presupuestos se irían abriendo unidades en el resto de las islas”, resume.
“En el presupuesto de 2020 está la posibilidad de abrir las cuatro unidades, que nos había prometido la anterior consejera de sanidad. Pero la realidad es que no se ha avanzado absolutamente nada en esa línea”, reivindica.
Consecuencias de la ausencia de Atención Temprana
Claramente el objetivo de la Atención temprana es preventivo:
intervenir lo antes posible para evitar que el niño o niña con la patología de mayor no sea una persona dependiente. “Nosotros entendemos que la atención temprana es una inversión de futuro, porque estás trabajando para que esta persona no sea dependiente, no tenga que seguir recibiendo ayuda de la sociedad durante toda su vida para poder vivir”, explica“Los estudios científicos que se han hecho plantean que por cada euro/dólar que invertimos en atención temprana luego esa persona lo devuelve a la sociedad 7 euros/dólares por cada euro. Es una inversión, le damos las herramientas para que esa persona sea lo más autónoma posible”, sentencia.