El Gobierno de España hizo público este jueves, 6 de julio, el mapa que muestra la tasa de riesgo de pobreza infantil moderada por municipios con una población superior a los 2.500 habitantes. El nuevo informe, presentado por Ernesto Gasco —alto comisionado sobre la materia— en beBartlet, muestra que la carencia de recursos económicos afecta a un tercio de niños y niñas en nuestro país, una media que se supera en buena parte de los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote hay 60.693 menores que viven en familias que afrontan su día a día por debajo de un umbral situado en el 60% de la mediana de ingresos.
Entre las tres islas de la provincia oriental, según el estudio, un 32,3% de los 187.834 menores que residen en sus municipios —a excepción de Artenara, Tejeda y Betancuria, los tres con menos de 2.500 vecinos dentro de sus límites— se sitúa en riesgo de pobreza moderada. Los cálculos se basan en datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para el Territorio de Régimen Fiscal Común correspondientes al año 2016.
De La Aldea a Santa Brígida
Por islas, en Gran Canaria, la tasa más alta se localiza en La Aldea. En la zona de poniente, un 46,1% de los 1.092 menores censados en el municipio afronta su día a día en una situación de riesgo de pobreza moderada. En el resto de ayuntamientos, el porcentaje supera el 30% en Las Palmas de Gran Canaria (33,1%); Telde (33,2%); Ingenio (30,1%); Santa Lucía (36,8%); San Bartolomé de Tirajana (36,9%); Mogán (36,1%); Agaete (34,4%); Gáldar (32,7%); Guía (33,8%); Moya (36,9%); Firgas (30,3%); Teror (31,3%) y San Mateo (32,2%).
Por debajo del umbral del 30%, en Gran Canaria, aparecen sólo cuatro localidades: Santa Brígida (20,3%); Agüimes (28,2%); Arucas (28,3%); y Valleseco (29%).
Islas no capitalinas
Tuineje, con un 20%, es el municipio que presenta mejor balance de Fuerteventura, mientras La Oliva, que roza el 40% (39,5), expone la peor cifra de la isla. En Lanzarote, en la capital, Arrecife, un 36,2% de sus 11.755 menores se sitúa en riesgo de pobreza moderada, mientras que en Teguise esa frontera baja hasta un 20,8%.
Tras la COVID-19, los indicadores de pobreza en Canarias habían empeorado. En 2021, el 36,1% de los niños, niñas y adolescentes estaban en situación de pobreza monetaria, con ingresos inferiores al 60% de la mediana. Ahora, en la provincia de Las Palmas esos niveles se han mejorado ligeramente aunque se mantienen entre los más altos de España junto a Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.
Problema crónico
Para explicar estos datos, como uno de los análisis que aparecen en la Encuesta de Condiciones de Vida, diferentes estudios recalcan la trasmisión intergeneracional de la pobreza, que muestra el impacto que la pobreza tiene en las oportunidades a futuro de los niños y niñas. Este trabajo pone de manifiesto que la tasa de pobreza aumenta proporcionalmente según el número de niños y niñas en el hogar en adultos entre 25 y 59 años, con una tasa de riesgo de pobreza del 17,3% para los hogares con un solo niño o niña hasta el 32,5% para los hogares con 5 niños y niñas. En Canarias el problema es crónico desde hace siglos.
La desventaja socioeconómica marca el presente de los menores, pero también les genera hándicaps a medio y largo plazo: presentan mayores tasas de absentismo escolar y mayor probabilidad de abandono escolar prematuro —afecta al 44,1% de los estudiantes de primaria y secundaria, la mayoría de hogares con rentas bajas—.
Salud precaria
Existe, además, una relación entre un estado de salud más precario en la infancia y el riesgo de pobreza. Aunque la atención sanitaria es gratuita para todos, algunos de los menores que viven en familias con un solo progenitor, en familias numerosas o de rentas más bajas presentan peor estado de salud y una asistencia sanitaria menor, sobre todo a servicios no plenamente cubiertos. El 70% de las familias en esta situación, por ejemplo, no puede llevar a sus hijos al dentista.
Son las comunidades del norte las que tienen mejores datos en cuanto a la incidencia de la pobreza infantil, sobre todo Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón.