La Consejería de Bienestar Social publicó una propuesta de decreto para simplificar el proceso de solicitud de dependencia en las Islas; sin embargo, Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) no consideraron que fuera una solución real al problema que vive el Archipiélago en cuanto al tiempo de espera para conseguir el grado de dependencia y las prestaciones, que de media se sitúa en 628 días.
Es por ello que ambas entidades han elaborado una propuesta de decreto propia que recibe el mismo nombre que su objetivo, decreto de 600 a 60, es decir, reducir a dos meses todo el proceso, de una manera más descentralizada, con menos burocracia y “coherente”, poniendo el foco en la red de centros de salud que compone el Archipiélago.
Un laberinto de burocracia
Elena Felipe, directora de Acufade, expuso que el objetivo que se han marcado es plantear un procedimiento de gestión de la dependencia “ágil y a la altura de lo que merecemos la población canaria”, en contraposición con el actual, que es “lento, engorroso, un laberinto de burocracia” y, en muchos casos, se reconoce el derecho después de la que persona solicitantes haya fallecido.
El recorrido actual es un “calvario”, pues, explica Felipe, se ha de pedir cita en el ambulatorio para pedir el informe de salud, cita con los servicios sociales municipales, pedir la documentación necesaria, enviarla a la Dirección General de Dependencia donde se examina para pasar a la valoración del grado de dependencia, se tiene que esperar a la primera visita a domicilio y luego a una segunda para elaborar el PIA. Con el grado y el PIA resueltos, tocan las listas de espera para entrar a residencias o centros días, así como las prestaciones. Entre cada uno de estos pasos pueden llegar a pasar entre uno o tres meses, e incluso seis, lo que termina resultando en 628 días de espera, “pero se han producido casos de hasta 1.000 días”.
La nueva propuesta
Acufade y Odesocan analizaron la propuesta de la Dirección General de Dependencia y consideraron necesaria crear una nueva basada en tres principios: desburocratización, ya que “el papeleo no puede ser más importante la gente”, la descentralización, comprendiendo la realidad de Canarias como islas, y la coherencia, “teniendo en cuenta la realidad”.
Según el decreto creado por ambas entidades, la solicitud de dependencia se realiza con la trabajadora social del propio centro de salud de la persona solicitante y será ella la que recabe la documentación, disponible en la administración. En esa misma consulta, se deriva al médico de cabecera para la elaboración del informe de salud y, además, se coordina con la enfermera comunitaria de enlace para realizar la visita a domicilio, así ya se aporta la valoración del grado.
La trabajadora social, por su parte, elabora el PIA a partir de una entrevista con la persona para establecer los servicios y prestaciones acorde a su caso para después trasladar a la Dirección General de Dependencia ambos documentos, el grado de dependencia y el PIA, y solo tengan que proceder a aceptarlo. Para todo el proceso explicado, “se estima un tiempo de 60 días”, señala la directora de Acufade, 10 veces menos que el tiempo actual.
La importancia de los centros de salud
Emma Colao, directora del Odesocan, apunta que con esta proposición se “rebaja la carga temporal, la burocracia y la violencia por omisión de la administración hacia la ciudadanía”, simplificando el proceso y trabajo para ambas partes. Su propuesta de decreto “se basa en los principios de la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia y la enfermería comunitaria de enlace”.
La idea trata de aprovechar la red de centros de salud de las Islas, al ser un sitio “al lado de casa” y conocido por toda la ciudadanía, sobre todo “las personas mayores, que sienten confort y confianza” en ellos, y a su vez ser “los primero que detectan la dependencia y conocer a la persona y su familia”, añade Lourdes Regalo, vocal de la junta directiva de Acufade. “Si derivo a la paciente a todo ese proceso, estoy empeorando la solución, en lugar de valorar en el momento”, expone.
De esta manera se descentraliza el proceso al sacar del procedimiento a la Dirección General de Dependencia como figura principal y también “se racionaliza el presupuesto”, atestigua Colao, ya que en las Islas solo hay unas 20 valoradoras, mientras que “solo en Tenerife hay 34 enfermeras comunitarias de enlace”.
Un cambio urgente
Colao pone sobre la mesa la urgencia de tomar acción y buscar una solución debido a la cercana pérdida del 70% de la plantilla de la Dirección General de Dependencia comprometido con un contrato programa con el IMSERSO que finaliza el 31 de diciembre y puede suponer que “628 días se conviertan en 1.000”.
Las dos entidades han tramitado la presentación de la propuesta por la sede electrónica para hacerla llegar a la Consejería de Bienestar Social. Cuentan que lo elaboraron en siete días y ahora abordarán “el proceso de comunicación y participación de otros colectivos y agentes sociales”. “El decreto de 600 a 60 es una realidad como propuesta y esperamos que pronto sea una realidad legislativa”, sentencia la directora del Odesocan.