Un total de 60 ayuntamientos canarios cumplen con la Ley de Protección Animal, según ha informado la Diputación del Común. Éste abrió una investigación de oficio para comprobar el grado de cumplimiento de esta norma aprobada por el Parlamento de Canarias.En un comunicado especifica que su acción comenzó por las quejas recibidas por las carencias que existen en algunas administraciones públicas de la región respecto a sus funciones en materia de protección y de bienestar de los animales domésticos, incluidos los de compañía, particularmente en la recogida de abandonados o de silvestres sueltos.El Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura también cumplen la Ley.La investigación, que fue dirigida a todas las administraciones públicas canarias con competencia en la materia, se estructuró en 96 expedientes. 88 dirigidos a ayuntamientos y siete a los cabildos insulares.También se remitió otro a la Consejería de Transición Ecológica, si bien se recibió un informe de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dado que en el reparto interno de competencias ésta venía atribuida a la Presidencia del Gobierno.
Quejas cerradas
De las 66 quejas cerradas, 61 lo fueron por reconocimiento favorable dado que las administraciones acreditaron disponer de los medios necesarios para responder a las necesidades del servicio, ya fuera con recursos propios, mediante contratación externa o por colaboración interadministrativa.Además, otras cuatro se cerraron por no existir irregularidad en la actuación administrativa que se investiga.Relata que se llegó a esta solución con los municipios que, si bien pudieran no cumplir todas las previsiones relacionadas con la recogida de animales, por su carácter rural y escasa población, la suelta de algún animal doméstico, o la presencia de algún asilvestrado, podría ser resuelta con los recursos de los que disponen los vecinos en su actividad diaria.Solo una de las 66 quejas cerradas se archivó por haber llegado al límite de las actuaciones de la Diputación del Común, también referida a un núcleo rural de sólo 1.870 habitantes.
Satisfacción de Rafael Yanes
El Diputado del Común, Rafael Yanes, muestra su satisfacción porque la mayoría de las administraciones públicas cumplan con esta normativa. Sobre todo, por los escasos recursos con los que cuentan y los estragos causados por la pandemia de la covid-19.“Espero que los 28 ayuntamientos y los dos cabildos que aún no han respondido lo hagan de forma favorable hacia el cumplimiento de dicha Ley. El bienestar animal es una preocupación de la Diputación del Común, por lo que continuaremos trabajando para que se respete por parte de las instituciones”, afirma Yanes.El buen ritmo de las respuestas recibidas por parte de las administraciones públicas canarias permite pronosticar que la investigación se encuentra próxima a su fin.En el caso de que en los expedientes que faltan se detectara una falta de medios que impida su cumplimiento, la Diputación del Común estudiaría proponer la colaboración entre las administraciones, particularmente entre cabildos y ayuntamientos, de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley en todo el archipiélago.
