Veinte ONG especializadas en migración han pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una implementación del pacto migratorio europeo que mejore la situación de la infancia migrante no acompañada.
Las oenegés -entre las que se encuentran CEAR, Accem, Amnistía Internacional, Red Acoge, Cruz Roja o el Servicio Jesuita a Migrantes- han informado así, en un comunicado conjunto, sobre la reunión mantenida hoy con el jefe del Ejecutivo y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta se ha producido en un momento de tensión política, después de que este fin de semana el PP haya suspendido las conversaciones que estaba manteniendo con el Ejecutivo sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para derivar a los menores migrantes desde zonas tensionadas como Canarias a otras comunidades.
En el encuentro, las entidades han señalado que la implementación en España del pacto europeo migratorio, acordado bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y aprobado por la Eurocámara el pasado mes de abril, "debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada".
Y han destacado también la urgencia de "resolver la situación en la que viven miles de personas migradas" en España "sin derechos" al encontrarse en situación administrativa irregular. Han trasladado al presidente del Gobierno su preocupación sobre algunos aspectos del pacto, como la introducción de nuevos controles "previos" a la entrada al territorio, los cambios en los procedimientos de asilo, los retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención.
"Graves obstáculos"
Estas medidas, han denunciado, podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, "lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas".
Para ello, han pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad, además de garantizar la asistencia jurídica gratuita en toda las fases del procedimiento.