La Policía Nacional ha detenido a diez personas como presuntos autores de un delito contra la Seguridad Social valorado en 1,4 millones de euros, en una operación desarrollada en la provincia de Las Palmas. Además, hay otras tres personas investigadas.
Según ha informado este viernes en un comunicado la Dirección General de la Policía Nacional, el presunto fraude se llevó a cabo en diversos sectores como el comercio al por mayor de frutas y hortalizas, servicios auxiliares a terceras empresas, actividades veterinarias, restauración y fontanería, que los agentes han cuantificado en 1.394.716 euros.
Denuncia
La investigación policial comenzó en mayo después de una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se requería la actuación policial tras detectar "varias irregularidades por parte de los administradores de distintas empresas" que tenían por objeto "eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social".
Según la denuncia, los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Hacienda pública, así como la competencia desleal con empresas de su mismo sector.
Nexo
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes observaron un nexo común que consistía en la creación sucesiva de empresas con la misma actividad dentro del objeto social investigado; dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas, que cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se dan de baja, y seguidamente constituyen una nueva con las mismas características.
Hechos parecidos
En dos de las investigaciones llevadas a cabo, las personas investigadas fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas por hechos parecidos, si bien han seguido generando deudas con la Seguridad Social, cercanas al millón de euros.
En la trama, hay investigadas ocho sociedades dedicadas a dar asistencia a servicios auxiliares, las cuales igualmente se han ido sucediendo en el tiempo y colocando en las mismas a diferentes personas físicas al objeto de dificultar cualquier procedimiento de embargo.
Asimismo, los líderes cuando detectaban que la deuda de alguna de sus sociedades se acercaba a los 50.000 euros, procedían a darla de baja y comenzaban a operar con otra nueva.