Con más de un centenar de fallecidos y una cifra superior a los 4.200 contagiados por coronavirus en España, cantidad que aumenta de forma importante cada día, la declaración del estado de alarma anunciada para hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitirá al Estado adoptar una serie de medidas extraordinarias para tratar de frenar la propagación de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta medida facilitará movilizar todos los recursos estatales para proteger mejor a los ciudadanos. Pero, ¿qué implica esta declaración? ¿Qué notaremos los ciudadanos a partir de hoy?
Tras decidir el cierre de las escuelas y centros educativos, establecer restricciones a numerosos niveles y verse prácticamente paralizada la actividad política y empresarial en muchas zonas del país, el Gobierno decidió decretar el estado de alarma que el Consejo de Ministros formalizará hoy.
Esta medida, que viene regulada por el artículo 116 de la Constitución española, queda justificada al afrontar el país uno de sus principales supuestos admitidos: una "crisis sanitaria, como epidemias y situaciones de contaminación graves".
Mañana, en Consejo de Ministros, decretaremos el Estado de Alarma en toda España para los próximos 15 días. Es un instrumento recogido por la Constitución que dota al Gobierno de recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia sanitaria y social generada por el #Covid19. pic.twitter.com/xsQk0MTduj
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 13, 2020
El objetivo de esta situación con un único antecedente en la historia española es el de frenar la expansión del coronavirus, que ya suma más de 4.000 contagiados. Y esto no es más que "una primera fase" y "no cabe descartar" que en la próxima semana los positivos confirmados superen los 10.000, según ha admitido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en la que ha anunciado su decisión más complicada hasta la fecha.
"Este virus lo pararemos unidos", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que "tardaremos semanas". "Va a ser muy duro y difícil", ha reconocido para apelar a continuación a la "unidad, la responsabilidad y la disciplina social" para poner freno a esta amenaza. Una emergencia que "superaremos -ha dicho- amparándonos en el consejo de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado, pero también es seguro que lo conseguiremos antes con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber".
"Este virus lo pararemos unidos", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que "tardaremos semanas". "Va a ser muy duro y difícil", ha reconocido para apelar a continuación a la "unidad, la responsabilidad y la disciplina social" para poner freno a esta amenaza.
Reacciones políticas ante el estado de alarma
La decisión de decretar el estado de alarma también ha recibido el aval, no sin críticas, de la oposición: desde el PP, su líder, Pablo Casado, ha asegurado que apoyará incluso una prórroga si es necesaria dentro de 15 días porque corresponden "medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias".
De la misma forma, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ya había pedido antes esta medida, ha confiado en que se pueda "recuperar el tiempo perdido"; y desde Vox, Santiago Abascal ha considerado que la decisión llega tarde y ha acusado a Sánchez de actuar de forma irresponsable porque "sigue dejándolo para mañana".
El coronavirus se ha llevado por delante además la agenda de la reina, que aunque ha dado negativo en las pruebas, al igual que Don Felipe, ha optado por suspender sus actos tras haber estado en contacto con algún portador del virus como la ministra Irene Montero. Por otro lado, la amenaza sigue acechando a la celebración de la Semana Santa. Así ha ocurrido por ejemplo en Canarias, Badajoz, Valladolid y Mallorca, que ya han confirmado la suspensión de las actividades programadas.
¿Qué permite el estado de alarma?
Con el decreto de estado de alarma también es posible:
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Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
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Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias
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Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados
- Es posible asimismo limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad
- Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados
- Ante crisis sanitarias, la ley especifica que el Gobierno podrá adoptar todas las normas establecidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.
Incumplir o resistirse a las órdenes que conlleva el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, podrían ser suspendidos de inmediato en el ejercicio de sus cargos. Asimismo, la ley establece que será posible solicitar alguna indemnización si la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados producen en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
Casos de coronavirus hasta el momento
El número de casos activos de Covid en Canarias crece a 63, con siete altas. Mientras, casi la mitad del total de positivos del paísse localizan en Madrid (1.990), que cerrará a partir de hoy sábado todos los establecimientos menos los comercios de alimentación y farmacias para evitar la propagación del coronavirus.
Le sigue el País Vasco (417), Cataluña con 316 casos positivos , donde la Generalitat ya había ordenado el confinamiento de la población residente en las localidades barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena para evitar la propagación del brote de COVID-19 que afecta a esta zona. Por otro lado, Melilla ha notificado sus dos primeros positivos, mientras que Ceuta sigue sin registrar casos confirmados al cierre de esta noticia.
Entre todo/as debemos seguir las recomendaciones para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19). Tu ayuda es fundamental. #ParaLaCurva #QuedateEnCasa #NoSonVacaciones #FuentesOficiales pic.twitter.com/T0UqPQKNAG
— Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 13, 2020
El 4 de diciembre de 2010, el Gobierno de España declaró el estado de alarma por primera vez en democracia para dar respuesta al cierre del espacio aéreo provocado por la huelga de controladores.
Es el único precedente a la medida que decreta hoy el Gobierno, un régimen excepcional recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/81 que se emplea ante "circunstancias extraordinarias" que hacen "imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios".
Hace 10 años, fue la huelga de controladores (que abandonaron sus puestos el día 3) y el consiguiente cierre del espacio aéreo español y suspensión del transporte aéreo de personas, que afectó a 600.000 personas, la que obligó a aplicar esa medida.
Los controladores pasaron a estar "movilizados" dependiendo de la jurisdicción militar durante un plazo de 15 días, si bien ese mismo 4 de diciembre, poco después del acuerdo del Ejecutivo, se reabrió el tráfico aéreo tras veinte horas cerrado y comenzaron a despegar aviones. Seis horas después de la declaración del estado de alarma, el aeropuerto de Madrid-Barajas comenzó a mostrar síntomas de normalidad, que se completó unas 48 horas después. A las ocho de la tarde de ese mismo día, el 90 % de los controladores estaba en sus puestos.
Las consecuencias de ese cierre del espacio aéreo aún no se han determinado. A día de hoy (y al menos hasta junio), un juzgado de Madrid sigue juzgando a varios de los controladores que fueron a la huelga.
El juicio empezó para 133, pero 119 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y reconocieron los hechos, con multas de 30.000 euros y penas de cinco meses de cárcel para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados. En Palma, en 2018, se juzgó a otros 80 controladores. 73 de ellos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y abonaron multas de entre 15.000 y 31.500 euros después de que todos ellos se declarasen culpables del delito de abandono del servicio. La Fiscalía retiró la acusación para los otros 7.