El Consejo de Gobierno ha analizado este jueves el anteproyecto de Ley de Economía Social de Canarias, tras lo cual, consultará a los sectores afectados y se solicitarán los informes necesarios para llevar la iniciativa legislativa a su debate en el Parlamento de Canarias. Esta norma pretende aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral de las Islas y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el archipiélago, con las personas como protagonistas, informa el Ejecutivo.
El anteproyecto de Ley de Economía Social de Canarias tiene como principal objetivo establecer una regulación común aplicable al conjunto de empresas y entidades que integran la economía social en las Islas, así como orientar las acciones de fomento y ordenación de dicho sector en función de sus fines y principios. De hecho, el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a esta comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre el fomento y la ordenación del sector de la economía social.
✅ El Consejo de Gobierno impulsa la tramitación de la primera Ley de Economía Social de #Canarias
— Presidencia GobCan (@PresiCan) August 6, 2020
Promovido por @EcoGobCan, pretende aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y servir de estímulo para dinamizar el autoempleo y el emprendimiento#CGobCan
Desde el Gobierno autonómico ya se viene desarrollando un importante esfuerzo de promoción de la economía social, a través del Servicio Canario de Empleo, sobre todo con medidas basadas en la convocatoria de subvenciones para fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas como de I+D, empresas de economía social y empresas de inserción; así como ayudas para la realización de actividades de difusión, fomento y formación de la economía social.
La aprobación de esta norma legal permitirá dotar a Canarias de una regulación propia y específica, atendiendo a sus especificidades y a las particularidades de la insularidad, el carácter ultraperiférico y las singularidades de nuestra sociedad y realidad económica, asegura el Gobierno.
Asimismo, hará posible una mayor visibilidad de la economía social en las Islas, además de establecer medidas para su fomento, expansión y ordenación de una manera unificada y específica, sirviendo de vehículo para impulsar un modelo de desarrollo económico y social sostenible y equilibrado medioambientalmente.