El gabinete jurídico de Cáritas ha conseguido paralizar en el último mes el desalojo de sus viviendas de veinte familias en los municipios tinerfeños de Güímar, Tacoronte, La Laguna y Granadilla, dentro del programa Bases 25 de esta organización humanitaria.
En uno de los casos, 30 personas, entre ellas 16 menores, estaban afectadas por un lanzamiento por sentencia judicial, pero una apelación de Cáritas Diocesana, basada en que a los afectados no se les había asignado abogado de oficio, consiguió detener la ejecución y posiblemente tenga que repetirse el juicio, informa la ong en un comunicado.
En el caso de una familia de Tacoronte, había cuatro personas afectadas y el desahucio se produjo por impago de rentas de alquiler.
@martaarocha72 Dir. Vivienda @CabildoTenerife trabajando @CaritasTenerife en @granadillaabona para intentar solucionar casos de desahucios pic.twitter.com/EilgRB9BzG
— GSocialista Cabtfe (@PSOECabTfe) 16 de junio de 2017
Los letrados de Cáritas apreciaron indicios de una presunta estafa previa que había llevado a la familia a la pérdida de la propiedad en la que residía desde hacía varias generaciones.
La Guardia Civil estudia esa posible estafa y hasta que no se resuelva si hubo delito contra esa familia se ha suspendido el proceso de desahucio.
En colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional, Cáritas logró paralizar el 15 de junio el desalojo de nueve familias, varias de ellas con menores de edad, de un edificio de San Isidro, en Granadilla de Abona.
También consiguió Cáritas que se ofrecieran alojamientos alternativos a otras nueve familias afectadas por un lanzamiento en otro inmueble.
Cáritas logró paralizar el 15 de junio el desalojo de nueve familias, varias de ellas con menores de edad, de un edificio de San Isidro, en Granadilla de Abona.
Cáritas trabaja junto al Ayuntamiento y la Plataforma por la Dignidad de la Vivienda Montaña Clara en la identificación de situaciones similares en otros edificios que se encuentran ocupados.
En otro de los casos, Cáritas propició un acuerdo con Bankia para facilitar un alquiler social por 150 euros a una familia de cuatro miembros, uno de ellos un menor de 4 años, que residían en una vivienda de Las Chumberas, en La Laguna, sobre la que pesaba una orden de lanzamiento.