La industria del sector textil podría reducirse un 25 % y perder un tercio de sus empleos por el impacto de la pandemia del coronavirus, según un informe elaborado por EY en colaboración con Boston Colsunting Group, que destaca que los ingresos en moda podrían caer hasta un 40 % este año.
El informe difundido este lunes, que destaca que este sector supone el 2,8 % del PIB nacional, el 4,1 % del mercado laboral y el 9 % de las exportaciones, apunta que las empresas de moda no recuperarán los niveles de facturación anteriores al inicio de la crisis del COVID-19 hasta más allá de 2021.
Añade que la industria textil podría sufrir un retroceso para este año en su volumen de ingresos de entre el 35 y el 40 %, después de que ya cerrara 2019 con una caída del 20 %.
El informe destaca el grave problema de liquidez que está generando para la industria textil la actual situación de confinamiento, al tener que seguir las empresas del sector haciendo frente a una serie de costes operativos, que representan más de un 50 % de la facturación.
Esos costes incluyen:
- Los salarios de los empleados (que representan entre un 13 % y un 20 % de la facturación)
- El pago de los alquileres (entre un 15 % y un 20 %)
- La parte del inventario que ya ha sido adquirida (otro 10 %).
- A ellos se suman los impuestos y la cuota de autónomos en el caso de los empresarios individuales.
"El sector se enfrenta a un cambio de modelo en el que los hábitos del consumidor también van a modificarse", según el socio responsable del sector de Distribución y Productos de Consumo de EY, Javier Vello, quien entiende que "a corto plazo" las empresas "necesitan de mecanismos que contribuyan a aliviar las tensiones de liquidez y tesorería que están sufriendo".
En ese sentido, en el informe se identifican medidas para la dinamización del sector, como la condonación de rentas y la renegociación de contratos en los arrendamiento de locales comerciales al menos hasta los seis meses siguientes a la terminación del estado de alarma.
En derecho laboral, ve necesario que se aclare expresamente que el compromiso de mantenimiento de empleo por seis meses aplicable a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en curso decae cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (conocidas como ETOP).
También propone flexibilizar las funciones de los empleados, para que por ejemplo el personal de tienda pueda desempeñar funciones de logística o almacenaje, así como el horario de apertura de tiendas, al menos durante la fase de reapertura de los comercios.
En materia fiscal, sugiere medidas para el aplazamiento, suspensión de exacción, flexibilización de requisitos y establecimiento de determinados beneficios fiscales relativos al Impuesto sobre Sociedades, al IVA y al IRPF.