La empresa pública Visocan ha acordado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife modificar la comunicación de los avisos de desahucios que recibieron 358 familias en Añaza para el próximo febrero. El acuerdo implica que solo se seguirán aquellos desahucios motivados porque se hayan producido actividades presuntamente ilícitas dentro de las mismas o por "serios problemas" de convivencia y no por impagos como se había informado a los habitantes.
El número se rebajará hasta los 18 casos en los que Visocan sí iniciará el procedimiento de desahucio, según ha informado el consistorio en un comunicado. Las familias recibieron entre septiembre y octubre la notificación advirtiendo de la finalización del contrato de alquiler en febrero. Entre los habitantes han hogares que ya han cumplido el máximo de alquiler permitido, otros que rechazaron las condiciones acordadas tras el primer aviso de desahucio en 2019 y otros como okupas.
El cambio de las comunicaciones a los afectados ha sido trasladado por el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, las ediles de Acción Social y Viviendas, Rosario González y Belén Mesa, y el concejal del Suroeste, Javier Rivero. Rosario González valora que esta nueva de fórmula de comunicación con las personas afectadas es "más asertiva" y además se les ofrecerán diferentes fraccionamientos de los pagos pendientes a Visocan.
Reactividad de la ONG
Además, anuncia que la ONG que llevaba dos años con un proyecto de intervención con los vecinos y las vecinas de estas viviendas en Añaza retomará estas gestiones, que se suspendieron el pasado junio al finalizar el servicio. Además anuncian que contará con una oficina en el barrio, para ofrecer una atención individualizada.
El Ayuntamiento de Santa Cruz informa asimismo de que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) buscará "la mejor fórmula" con los vecinos para que, en función de su capacidad de ahorro, se garantice el pago de toda la anualidad a Visocan en el caso de que paguen sus alquileres a través de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) de la corporación local.