Los juzgados han dado la razón al Gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife por segunda vez en lo que respecta a las acusaciones de los socialistas de realizar pagos irregulares a una empresa para el amueblado de la Casa Siliuto. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la abogada de la exalcaldesa del PSOE Patricia Hernández después de una primera sentencia en la que se declaraba al ejecutivo de José Manuel Bermúdez (CC) no culpable de estas acusaciones.
En su auto, según ha adelantado la Cadena SER, la magistratura establece que los apelantes "no han concretado las conductas de los querellados que constituirían un ilícito penal más allá de sus sospechas o consideraciones sobre la existencia de un plan urdido entre las investigadas y los querellados para abonar las facturas emitidas por la entidad Escandinavia [la empresa en cuestión] a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento de contratación".
La Audiencia habla de "inquisición general"
El varapalo es mayúsculo, pues la Sala no solo recuerda que el Ministerio Fiscal se opuso a la petición de los querellantes, sino que además carga contra la acusación en sí afirmando que "el proceso de investigación penal no puede convertirse en una suerte de inquisición general mediante el cual se instrumenten diligencias para descubrir hipotéticos indicios o sospechas nada fundadas de criminalidad". Contra la decisión de la Audiencia no cabe recurso.
En la primera querella se solicitaba que se investigase Verónica Messeguer, María del Pino Martín y los miembros de la Junta de Gobierno Alfonso Cabello y el alcalde, José Manuel Bermúdez, por el presunto pago de facturas de forma irregular a la citada empresa.
El Grupo Municipal Socialista consideraba que los ediles querellados habían incurrido en graves irregularidades en la tramitación del expedientes relacionados con los contratos menores y suministros de Escandinavia.