El cementerio de San Andrés está rodeado de polémica. Recientemente, Atlántico Hoy ha sacado una serie de artículos sobre el estado de abandono del camposanto y su capilla. Hace cuatro meses, en mayo, vecinos de San Andrés realizaron con sus propias manos tareas de mantenimiento y renovación de las cruces. Ya este mes de septiembre, los mismos vecinos han pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz el mantenimiento de la pequeña capilla del cementerio, llegando a acudir ellos mismos con una cuadrilla de obreros para aplicar cemento y sanear algunas partes de la edificación ante el riesgo de derrumbe.
Esta capilla sufrió hace un año un incidente con una valla publicitaria que, según agentes de Costas, es ilegal. Se trata de la valla situada justo detrás, en la parada de guaguas de Las Teresitas. En junio de 2022, parte de su deteriorada estructura se descolgó sobre el tejado de madera de la capilla, causándole daños.
Denuncias por incumplir la ley de Costas
Pero hay un problema añadido con esta valla: ocupa parcialmente la servidumbre de protección de la costa, una especie de "colchón" de protección que se creó para evitar que en la zona que no es dominio público marítimo-terrestre se puedan crear obstáculos o impactos visuales, como sería el caso de las vallas según el artículo 46.f del reglamento General de Costas . En el caso de esta en concreto, la línea que marca el límite de esta servidumbre afecta aproximadamente al 75% de la valla, según se puede comprobar en la herramienta Pilotaje del Litoral Canario de la Dirección General de Ordenación del Territorio.
El caso está denunciado desde hace años, cuando Costas aún era competencia estatal. Dado que la competencia de la gestión de la servidumbre de protección es del Gobierno de Canarias, esta denuncias se debieron haber transferido hacia la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).
Lío con las licencias
En enero de 2023, como consecuencia del derrumbe parcial -y tras la transferencia de Costas a la Comunidad Autónoma-, se volvió a presentar una denuncia ante la ACPMN. Sin embargo, en junio, un año después del incidente sobre el techo de la capilla, en vez de retirarse, la valla publicitaria se reconstruyó. La empresa Sotesur es la que se encarga de su explotación y mantenimiento.
Este medio tiene constancia de que existe una denuncia presentada en la ACPMN contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por otorgar la licencia municipal para su uso a Sotesur, aunque Zaida González, concejal de Planificación Territorial con competencias delegadas en materia urbanística, indica a Atlántico Hoy que el consistorio no fue quien reconstruyó la valla y que tampoco existe ninguna licencia para esa explotación.
Expedientes paralizados
Un problema añadido es que los expedientes por infracciones de este tipo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se acumulan porque no hay trabajadores suficientes para atender a tanta documentación y quedan en un "limbo" en el que no están archivados pero tampoco conducen a una sanción efectiva, por lo que de facto no pasa nada.
Esta lentitud en los trámites podría dar lugar a incumplimientos de los plazos previstos en la vigente ley de Procedimiento Administrativo, a situaciones de silencio administrativo y a incumplimientos en la obligación de retirar ocupaciones ilegales del terreno protegido por la Ley.
Todo se suma a que, en la ACPMN, las denuncias referidas a vallas publicitarias se remiten desde hace tiempo al Área de Carreteras del Cabildo de Tenerife, justificándose en que la ley de Carreteras regula la publicidad en el entorno de estas vías aunque. No obstante, la competencia en materia de infracciones en la servidumbre de protección de costas es exclusiva de la Consejería de Política Territorial y, dentro de ella, de la propia ACPMN