Seis instalaciones fotovoltaicas de las nueve instaladas desde 2015 están desconectadas en Santa Cruz. Así lo ha confirmado el concejal en de Proyectos Urbanos y Patrimonio de la capital, Dámaso Arteaga, en un escrito remitido al grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, que hace unas semanas solicitó al gobierno del Consistorio la lista detallada de las placas solares instaladas desde 2015 en edificios públicos del municipio y su coste.
Respecto a lo que costaron estas nueve instalaciones, el Ayuntamiento no se ha pronunciado en el escrito. En 2015, cuando se instalaron los primeros 88 paneles fotovoltaicos en el edificio de oficinas municipales de Ofra, el coste anunciado por el Consistorio fue de 50 mil euros. Desde el montaje de aquellos paneles, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias denunció el "oscurantismo y secretismo" respecto a la instalación, llegando a expresar sus dudas de si realmente estaban conectados, a pesar de la insistencia del Ayuntamiento en que sí. Hoy sabemos que ni lo están, ni lo estuvieron.
Pendientes de autorización
Según se desprende del informe de Dámaso Arteaga, solo tres de las nueve instalaciones fotovoltaicas de edificios públicos en Santa Cruz de Tenerife están conectadas, y la de Ofra no es una de ellas. El edificio tiene una potencia contratada de 430 kW y una potencia fotovoltaica de 20 kW, pero junto a sus datos aparece la información: "Pendiente empresa distribuidora – comercializadora autorice conexión".
Lo mismo ocurre con tres colegios del municipio. El CEIP El Draguillo, en Barranco Grande, y el CEIP Tomé Cano, en el barrio que da nombre al centro, cuentan con instalaciones desde 2016, ninguna conectada. Tampoco ocurre con el CEIP Las Delicias, cercano al Hospital La Candelaria, donde se montaron las placas en 2017.
Uno de los edificios municipales de las Casas de la Cumbre, en Anaga, y otro en el Parque de la Granja completan el listado de instalaciones no conectadas, montadas ambas en 2017. En contraposición, sí están funcionando los paneles solares que el Consistorio tiene en la comisaría de la Policía Local de la Avenida Tres de Mayo, el edificio de Protección Civil y el Albergue Municipal, todos conectados desde el año 2018.
Dudas sobre el mantenimiento
La gestión de las instalaciones fotovoltaicas genera malestar en varios grupos de la oposición, a pesar del informe de Arteaga. Florentino Guzmán, del grupo municipal del PSOE, indica a Atlántico Hoy que ni siquiera ha recibido este escrito, que sí le ha llegado a Yaiza Gorrín, de Unidas Podemos. Gorrín registró la pregunta para la última Comisión de Control al gobierno municipal, el 20 de enero. Guzmán insistió entonces en que, sin una lista que fiscalice el estado de estas placas, pueden darse "sorpresas" respecto a su correcta instalación y mantenimiento. Esto último es algo que también preocupaba a Gorrín, que solicitó en su intervención ver la licitación del contrato de mantenimiento. "Si esas placas no se revisan cada 15 días, aunque estén desconectadas, pueden dejar de funcionar correctamente", afirma la concejala a Atlántico Hoy.
El informe remitido por Dámaso Arteaga indica que "respecto al mantenimiento de las instalaciones en servicio, todas las incidencias se atienden a través del contrato actual de mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorias, de manera que actualmente se asegura su correcto funcionamiento", aunque a Gorrín no le despeja la duda de si se están revisando también las que están desconectadas. La concejala lamenta esta posibilidad, pues supondría el derroche del dinero originalmente invertido, aunque insiste en que el Ayuntamiento no ha respondido aun a cuánto asciende la cifra.
Estudio fotovoltaico
Por otra parte, la concejala Matilde Zambudio, del grupo mixto y en representación de Ciudadanos, solicitó en la Comisión de Control al Ayuntamiento que se indicase si había un estudio fotovoltaico (o previsión de realizar uno) para analizar la eficiencia de instalar paneles en edificios municipales de Santa Cruz. Zambudio resaltó entonces que Ciudadanos ya había solicitado en una enmienda a los presupuestos la realización de un estudio similar, que quedó rechazada por el equipo de gobierno. Dámaso Arteaga señaló, tras la intervención de la concejala, que no todas las cubiertas de edificios públicos eran susceptibles de albergar estas placas solares y que se habían istalado en las que sí podían albergarlas. Matilde Zambudio contestó entonces que comenzar a instalar placas sin haber realizado un estudio fotovoltaico (a semejanza de otras ciudades españolas) era como "empezar a construir la casa por el tejado".
Ahora, Atlántico Hoy ha podido saber que, de momento, no existe intención a corto plazo por parte del Consistorio de realizar un estudio fotovoltaico para analizar la eficiencia e idoneidad de llevar a cabo un plan de instalaciones. El Ayuntamiento sí tiene la intención, sin embargo, de estudiar qué cubiertas son susceptibles de alojar una instalación fotovoltaica y, después, analizar la eficiencia de hacerlo. No obstante, desde 2015 se ha invertido en nueve instalaciones y la mayoría permanecen desconectadas.