En 2003, la residencia de mayores Drago del Marqués, en el barrio santacrucero de Ifara, recibió una licencia para construir seis plantas cuando el máximo permitido en esa zona, según Urbanismo, era de tres. Además de esa irregularidad, la más evidente, la licencia otorgada incumplía otras cuestiones sobre volumetría del edificio y medidas con respecto a la acera en la vía pública.
Entre 2014 y 2018, sendas denuncias presentadas por un particular llevaron a que se ordenase la revisión de oficio de los expedientes de las licencias y, posteriormente, la demolición de las plantas en las que se excedía el edificio.
Intento de legalización y depuración de responsabilidades
Dado que en el edificio había entonces más de 180 ancianos que habría que desalojar, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se apresuró, en enero de 2019, por presentar a la residencia una propuesta de legalización de la obra para no tener que derribarla. No obstante, el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (hoy en día concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde), aseguró que se depurarían responsabilidades por la licencia otorgada en 2003, que claramente contravenía toda normativa y nunca debió aceptarse. Tras la licencia recayó la sospecha de un posible caso de corrupción.
Aquella legalización nunca llegó a efectuarse, puesto que la propuesta que finalmente realizaron los antiguos gestores de la residencia -contratando a la empresa Hiscan Patrimonio SA- fue rechazada por Urbanismo. Los propietarios procedieron, entonces, a recurrir el rechazo de Urbanismo, que fue denegado también por el área. Tras esto, los dueños de la residencia decidieron ir por la vía legal y presentaron un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que sigue litigándose a fecha de hoy.
El caso sigue en el juzgado
Este jueves, 7 de marzo de 2024, el Grupo Municipal Socialista en el pleno de Santa Cruz ha solicitado al consistorio información sobre el estado en el que se encuentra la investigación interna de la licencia prometida por Tarife en 2019, a fin de depurar responsabilidades.
En respuesta, el Servicio de Licencias del ayuntamiento ha explicado que, dado que este recurso contencioso-administrativo contra la denegación del proyecto para intentar legalizar la obra sigue en litigio, el consistorio no considera prudente comenzar una investigación.
"No se podrá llevar a cabo investigación de índole alguna mientras no se concluyan los procesos aún pendientes de resolver en sede judicial dado que, conforme a lo expuesto con anterioridad, la materia es aún titigiosa. Así que, por razones de prudencia, seguridad jurídica y para garantizar la imparcialidad objetiva que debe de presidir cualquier actuación administrativa en este sentido, se ha de postergar la misma, lo cual podrá adecuadamente valorarse cuando se produzca la 'cosa juzgada' que se establece en virtud de resolución", aclara Licencias.