El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva los últimos tres años percibiendo de Grúas Cuchi, la empresa adjudicataria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, mucho menos dinero en concepto de canon que lo previsto cada anualidad por el propio consistorio.
El canon es la cantidad pagada de forma periódica a cambio de la utilización y disfrute de un servicio de propiedad pública. Es decir, es como un alquiler que una empresa, en este caso Grúas Cuchi, paga al consistorio para poder hacer su negocio de un servicio cuya competencia es de la corporación municipal.
Cálculo del canon
Según la oferta que en su momento presentó Grúas Cuchi al Ayuntamiento de Santa Cruz cuando se hizo con la licitación en 2014, esta paga el 13,45% de la recaudación bruta de su servicio. La compañía, según los pliegos, abona a trimestre vencido en la Tesorería del ayuntamiento, y dentro de los diez días siguientes al vencimiento del mismo, una liquidación provisional por el importe que resulta de aplicar ese porcentaje en ese periodo de referencia.
Conforme a este porcentaje y la estadística de recogida de vehículos, el consistorio realiza cada año una previsión de cuanto espera obtener en concepto de canon de Grúas Cuchi -así como del resto de empresas que explotan servicios en Santa Cruz-, a fin de contar con ese importe en los presupuestos municipales.
Cuatro veces menos de lo previsto
No obstante, los cálculos no se están haciendo bien, tal y como denuncia el Grupo Municipal Socialista que ya en sus alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto de 2024 subrayó sobre estas prevsiones que, en el año 2022, eran de 400.000 euros finalmente se recaudaron 120.992,19 euros en derechos netos. En 2021, los derechos netos fueron aun menores, obteniendo la cuantía de 96.177,94 euros y, según el avance del estado de ejecución del presupuesto de ingresos de 2023 a fecha 30 de septiembre de 2023 -cifra que manejaban cuando se presentaron las alegaciones-, "partiendo de una previsión inicial de 440.000 euros, apenas llega a obtener derechos reconocidos por importe de 68.062,19 euros".
Es decir, que el Ayuntamiento de Santa Cruz está previendo anualmente -y para elaborar el presupuesto municipal- recaudar en torno a 400.000 euros del canon de Grúas Cuchi, pero después la empresa no recauda tanto como para que la aplicación de ese porcentaje alcance la cifra esperada, quedándose a unos 300.000 euros de alcanzar la previsión en cada anualidad. Previsión que, si se hubiese cumplido los tres últimos años, supondría casi un millón de euros más para las arcas municipales.
Por culpa de la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial
Este jueves, los socialistas han preguntado por escrito a la concejal de Movilidad, Purificación Dávila, por qué se está previendo muy por encima de lo que finalmente se recauda. Esta ha contestado que ocurre "como consecuencia del retraso de la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, que permite ampliar los supuestos y causas de inmovilización y retirada de vehículos de las vías urbanas".
Es decir, que el consistorio espera que la nueva Ordenanza multiplique por más de cuatro la suma de dinero dinero que los santacruceros pagan por retirar su vehículo del depósito gracias a ampliar las posibilidades de retirada. Este cálculo, siempre aproximado, se obtiene del cálculo de lo que la ciudad espera que aumente la recaudación porcentual del canon: de una media de 95.000 euros en los últimos tres años a un cálculo persistente de más de 400.000.
La Ordenanza en cuestión, que entró en vigor el pasado mes de febrero, llevaba retrasándose desde 2019, fecha en la que se aprobó una normativa similar que fue tumbada en los tribunales porque carecía de los correspondientes estudios de movilidad y económicos.