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Santa Cruz

Santa Cruz da carpetazo a las irregularidades con el canon del centro deportivo Barranco de Santos

La capital continua valorando si imponer sanciones a la empresa que gestiona el centro de Las Retamas, que presuntamente tampoco pagaba el canon de la concesión

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Complejo deportivo en Barranco de Santos, gestionado por Señalizaciones Tenerife S.L./ INDOOR SC

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto declarar la caducidad del expediente de imposición de penalidades a la empresa Señalizaciones Tenerife S.L., concesionaria del centro deportivo de Barranco de Santos (con el nombre comercial Indoor Santa Cruz), por no haber cumplido con su obligación de pagar todas las cuotas del canon fijo y variable por recibir la concesión. La información se ha conocido a través de un escrito de la concejal de Deportes, Alicia Cebrián, en respuesta a una pregunta registrada por el Grupo Municipal Socialista de la ciudad.

En su escrito, Cebrián detalla que el expediente de imposición de penas ha caducado y que se ha se dado por cumplida "la obligación del pago de cánones, fijo y variable, efectuado por la concesionaria del complejo deportivo, desde el inicio de la concesión hasta el segundo trimestre del año 2022, inclusive". Esto significa que, después de haberse certificado en 2020 que Señalizaciones Tenerife S.L. no estaba cumpliendo con su obligación y se le abriese un expediente, la empresa ha llegado a un acuerdo con el consistorio para satisfacer las deudas que quedaban.

No se cobrarán intereses

Sin embargo, que caduque el expediente de penalidades significa que a la concesionaria no se le cobrarán intereses de demora. Según el acta de la Junta de Gobierno de Santa Cruz del 9 de noviembre de 2020 -a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy-, a partir de enero de 2015 la empresa debería haber abonado un canon fijo de 11.500 euros al año, por trimestres vencidos, a razón de 2.875,00€ al trimestre, y un canon variable según los ingresos totales anuales por la explotación. 

No obstante, en 2020 se detectó que la concesionaria no había realizado el pago de cuatro trimestres consecutivos y se le requirió en un oficio enviado el 12 de junio de aquel año abonase "en el improrrogable plazo de 10
días naturales (...) la cantidad de 11.500 euros en concepto de canon fijo".

Asimismo, se le avisó de que se procedería "a la apertura de pieza separada de reclamación de los intereses que legalmente procedan por la falta de abono en plazo de las cantidades a las que está obligado conforme al contrato suscrito, que constan claramente especificadas y concretadas en el contrato". No obstante, si caduca mencionado expediente, esos intereses no se cobrarán.

El caso de Las Retamas

El caso es muy similar -aunque notablemente menos sangrante- al del centro deportivo de Las Retamas, cuya concesionaria es la UTE formada por Ifitness Canarias Instalaciones Deportivas S.L. (propiedad de Altafit) y Saltiel & Asociados S.L. El 10 de junio de 2020, habiendo detectado irregularidades como las del centro de Barranco de Santos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emitió un idéntico oficio reclamando la cantidad de 34.120 euros en concepto de canon fijo por tres anualidades completas (del 21 de enero de 2017 al 21 de enero de 2020) y 2.625,00 € por el primer trimestre vencido de 2020 que la UTE presuntamente no había pagado.

Complejo deportivo de Las Retamas, gestionado parcialmente por Altafit./ ALTAFIT

Posteriormente, la UTE remitió un oficio al Servicio de Deportes en el que constaba el abono de la cantidad de 42.000 euros en concepto de canon fijo por las anualidades de 2017, 2018, 2019 y 2020, a razón de 10.500 euros al año, aunque no el pago del canon variable. En ambos casos, el ayuntamiento reclamó "la cantidad que en concepto de canon variable proceda abonar en aplicación de los porcentajes fijados en el contrato con relación a los ingresos anuales obtenidos por la explotación".

Con respecto al presunto impago del canon por la concesión del centro de Las Retamas, la concejal Alicia Cebrián ha detallado en su escrito al Grupo Socialista que "actualmente se encuentra en trámite de verificación de la documentación aportada por el concesionario el pasado 30 de agosto de 2023, para determinar, en su caso, los términos del incumplimiento". Es decir, podría acabar resultando en una penalización o, al igual que con la concesionaria del centro del Barranco de Santos, en una caducidad del expediente.