El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este miércoles al Gobierno de Canarias la redacción de una Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, para tratar las cuestiones relacionadas con la retirada de símbolos franquistas en Canarias. Esta petición viene tras la polémica abierta por el Consistorio que demanda que el catálogo de vestigios franquistas abarque a toda Canarias y no solo a Santa Cruz.
La petición se ha realizado en el marco de la Comisión Técnica celebrada este miércoles, en la que estaban presentes el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra. Un encuentro donde se ha recalcado que la propia Ley de Memoria Histórica recoge, en su artículo 9, que el Ejecutivo autonómico debe impulsar una estrategia en este ámbito, que recoja los objetivos, prioridades y financiación que deben regir el proceso de aplicación de dicha Ley, stal y como ha informado el propio Ayuntamiento en una nota.
Tal y como recalca el comunicado, el apartado tercero dice la Ley que “la colaboración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con las entidades locales del archipiélago y con entidades privadas para la realización de actuaciones en materia de memoria histórica estará condicionada a que estas estén contempladas o sean conformes con los objetivos y prioridades establecidos en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias”. Cabe recordar que dicha Estrategia, tal y como recoge la Ley, debe ser informada previamente en la Comisión Técnica y debatida en el Parlamento de Canarias, antes de ser aprobada.
Un catálogo regional
El alcalde ha manifestado “no parece lógico que el Gobierno apruebe un catálogo que sólo hace referencia a un municipio, aplicando la Ley solo en Santa Cruz” y ha añadido que la falta de dicho catálogo de ámbito autonómico y de la citada Estrategia genera inseguridad jurídica en los actos administrativos que se deriven de la aplicación de la Ley. Asimismo, Bermúdez ha insistido en que “Santa Cruz aplicará la Ley en los términos en los que ésta se expresa, pero las administraciones necesitamos seguridad jurídica para el desarrollo de los actos administrativos derivados de ella”.