La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a anular la prueba práctica asociada a los procesos de estabilización de empleo público que se habían puesto en marcha en la Gerencia en cumplimiento de la Ley 20/2021 del 28 de diciembre para reducir la temporalidad en la Administración Pública.
En un comunicado, Urbanismo explica que la decisión se toma tras la lectura, el 4 de octubre, de la prueba práctica correspondiente al ejercicio para la dotación de una plaza de funcionario, que generaba lista de reserva. En ese momento se detectó, por parte del tribunal, que la respuesta de uno de los ejercicios se correspondía literalmente con las respuestas de control que manejaba el tribunal para hacer la lectura de dicha prueba.
Revisión
Detectada esta situación, el tribunal, en ese mismo instante, paralizó la lectura de los ejercicios del resto de aspirantes. A continuación, se llevó a cabo una revisión de esos ejercicios, constatándose por parte del tribunal que se había producido una posible filtración de las respuestas de la prueba.
Tras constatarse esta situación, se procede a la revisión del ejercicio del proceso de estabilización del personal laboral, que ya se había celebrado. En esa revisión, se llegó a la misma conclusión en cuanto al hecho de una posible filtración, también en esta prueba, las respuestas.
Por este motivo y en aras de velar por los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, la consejera directora de la Gerencia de Urbanismo, Zaida González, ha procedido a la anulación de ambas pruebas, y retrotraer el procedimiento a la fase de admitidos y excluidos.
Revocación de los tribunales calificadores
Además, explica la nota informativa, se revoca el nombramiento de los tribunales calificadores de ambas pruebas, y se procede a la apertura de un expediente de información reservada para esclarecer los hechos y deducir responsabilidad que en derecho proceda al respecto de la persona o personas que pudieran haber incurrido en la posible filtración de las respuestas.
Por último, Zaida González apunta que “estamos ante unos hechos gravísimos, que pueden dar lugar a consecuencia penales, y que llevaremos hasta las últimas consecuencias, siendo mi responsabilidad como consejera directora velar por el principio de igualdad de todos los que se han presentado a las pruebas”.