Sacyr, empresa que gestiona el agua en Santa Cruz desde 2006, debe 33,6 millones de euros a Emmasa que pretende devolver subiendo el precio de la factura a los usuarios. Este dinero es el montante de las continuadas transferencias que salieron anualmente de Emmasa --a razón de 2,3 millones al año desde 2007-- para devolver de manera opaca los 59 millones de euros que Sacyr pagó por el canon de gestión del agua.
Que ese dinero debe devolverse es algo que no cuestiona nadie. Fuentes del propio ayuntamiento, en declaraciones para Atlántico Hoy, aseguran que "Santa Cruz en ningún momento renuncia a recuperar para Emmasa los 33'6 millones [más intereses] cobrados indebidamente por Sacyr". Ahora bien, la forma de devolverlos es lo que está en disputa.
El acuerdo de devolución
En septiembre, Emmasa y Sacyr llegaron a un acuerdo de devolución que tenía como principal condicionante el aumento de las tarifas y las tasas del agua. El documento, al que ha tenido acceso este medio, especifica que estas "deberán ser revisadas y repercutidas al usuario", justificándose en la "acumulación de años sin aplicación de actualizaciones de tasas y tarifas".
De este modo, el porcentaje de actualización de tarifas propuesto en septiembre ascendería al 7,9% y el de tasas, al 6,2%. Algo que la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias rechazó de plano a finales de octubre, considerando que una subida de precios del 2,5% debería ser suficiente para que la empresa no entrase en pérdidas.
El objetivo era cubrir la devolución
Además, el objetivo de estos porcentajes propuestos por Sacyr era el de completar los 33,6 millones de euros, según quedó recogido en el acta de la "decimonovena sesión de la comisión de seguimiento del servicio público del ciclo integral del agua" a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy. En uno de los apartados de su punto quinto, referente a las "hipótesis de flujos de tesorería previstos" para financiar la devolución, el acta señala: "Actualización anual de tarifas y tasas IPC hasta el 2031 que suponen 33,64 millones de euros. Para el año 2022, se aplicaría la actualización correspondiente, de un 7,9% en Tarifas (IPC desde agosto 2011) y 6,2% en Tasas (IPC desde agosto 2015)".
Es decir, según se desprende de aquel acta, se habría dado por bueno financiar la devolución del dinero cobrado indebidamente con una subida de precios justificada en que estos llevaban sin actualizarse desde 2012. Algo que, desde el consistorio, denominan una "reformulación de las claves económicas del acuerdo con Sacyr".
Ramón Trujillo lo tacha de "inmoral"
Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, convocó este jueves una rueda de prensa para tachar de "profundamente inmoral" el acuerdo suscrito --aun a la espera de que se renegocie después de la negativa de la Comisión de Precios a aceptar esa subida--, criticando que el alcalde José Manuel Bermúdez defienda a través de la negociación los intereses de Sacyr, haciendo "concesiones inaceptables".
Según explicó el concejal, la subida de precios, sumada a las actualizaciones anuales con respecto al IPC --algo que, según él, no estaba contemplado en los pliegos originales-- no solo sumarían 33,6 millones de euros, sino que ascendería a 49 millones el dinero que percibiría Sacyr con la subida de tarifas y tasas de aquí a 2031, fecha en la que acaba la concesión.
La denuncia de Unidas Podemos
La opacidad de las actuaciones de Sacyr, sumado a que una auditoría detectó cientos de subcontratas ilegales, llevó a Unidas Podemos a denunciar a la empresa ante los tribunales por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. A raíz de la denuncia, hay cinco personas imputadas.
Durante la rueda de prensa de este jueves, Trujillo dejó caer la sospecha sobre la implicación del alcalde de Santa Cruz en el caso, cuestionándose qué lleva a Bermúdez a aceptar un acuerdo que, según los morados, perjudica a la ciudadanía santacrucera en beneficio de Sacyr.
El concejal también recordó que el alcalde había reusado a personarse como acusación particular en el juicio contra la empresa y Coalición Canaria junto con Partido Popular habían vetado la creación de una comisión de investigación a Emmasa.
Matizaciones del ayuntamiento
José Manuel Bermúdez ha declinado realizar declaraciones sobre las acusaciones de Trujillo, aunque fuentes del ayuntamiento han realizado matizaciones para Atlántico Hoy sobre las palabras del concejal de Unidas Podemos.
Fuentes municipales aseguran que subir los precios del agua es necesario para evitar que Emmasa sufra pérdidas, algo que "la Comisión de Precios ha aceptado", aunque con un criterio diferente al de los técnicos del ayuntamiento, proponiendo el 2,5% de actualización.
"Los informes sobre equilibrio presupuestario de Emmasa daban a los técnicos una subida necesaria del 7,8%, y ahí es donde no hay acuerdo con la Comisión de Precios. El informe de la Comisión de Precios está siendo analizado por técnicos municipales para que reevalúen el aumento que propone [del 2,5%] y si ese aumento es suficiente para garantizar el equilibrio financiero y que la empresa no incurra en déficit estructural, algo que debemos cumplir por la Ley de Estabilidad Presupuestaria", mantienen desde el consistorio.
Aumento del coste de la energía
El objetivo de la corporación municipal en adelante es "sentarse de nuevo con la empresa y ver en qué términos hay que reevaluar el acuerdo". Una de las preocupaciones que expresa Santa Cruz es que la subida de costes de generación y distribución del agua potable a causa del encarecimiento de la electricidad, cifrado en un 350% más que en 2021, no pueda ser asumida sin una actualización de las tarifas.
Las justificaciones referentes a los costes de la energía no convencen a una formación morada que considera muy sospechoso que, según el acta citada anteriormente, la subida de precios sume en nueve años exáctamente la cantidad debida por Sacyr.
Sacyr no reconoce la deuda
Además, Trujillo señala un intento de lavado de manos de la empresa adjudicataria en el propio acuerdo respecto al cobro de esos 33,6 millones de manera irregular, al reconocer que "la devolución del canon demanial no supone ni revocar, ni siquiera cuestionar la decisión adoptada en el Consejo de Administración y Junta General de accionistas de EMMASA de fecha 27 de junio de 2007, ni en los sucesivos Consejos de Administración de formulación de cuentas anuales de EMMASA o Juntas Generales de Accionistas de aprobación de cuentas anuales de EMMASA, sino que la aceptación de la devolución del canon se efectuaría para facilitar la plena efectividad de la actualización perseguida, esto es, adaptación de la realidad actual a los flujos de caja presentes y futuros para poder maximizar la ejecución de inversiones y mejoras con la caja que se prevé generar hasta el final de la concesión, así como para proceder a la retribución a los accionistas".
Es decir, que Sacyr no reconoce como ilegítimo el cobro de ese dinero. Con todo, el ayuntamiento continúa sosteniendo que aquellos pagos fueron ilegítimos y recuerda que el acuerdo no se queda sólo en la actualización de tarifas, sino que "incluye la reactivación del plan de inversiones por valor de 40 millones de euros hasta 2031".
Esto se plasma en lo inmediato en una movilización de ocho millones en tres proyectos de eliminación de residuos contaminantes en el litoral capitalino. Uno de ellos, el del vertido de Igueste de San Andrés, ya está en marcha según explica el consistorio a este medio. Los otros dos serán en Taganana y Añaza. Para los 32 millones de euros restantes, subrayan fuentes municipales, están siendo estudiadas distintas operaciones de ingeniería que solucionen las necesidades de los vecinos de Santa Cruz.