El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife acordó este jueves la restitución al Ministerio de Defensa de la hélice del Crucero Canarias tras su retirada del enclave que ocupaba en el acceso al Muelle Norte de la capital.
En abril de este año la pieza fue reclamada por la Armada, dependiente del citado ministerio, argumentando que es “un elemento que le pertenece por simbolismo, tradición e Historia”, según informó entonces el diario La Razón.
Ahora, tras la solicitud expresa remitida por el Ministerio, la Autoridad Portuaria procederá a su traslado después de ser almacenada en los almacenes del Puerto en febrero de este año, cuando fue retirada.
Vestigio franquista
La pieza del buque fue retirada del acceso al Muelle Norte, en la zona de servicio del puerto, tras incluirse en el catálogo provisional de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y haber solicitado el Cabildo insular la retirada, tras el acuerdo al efecto de su Pleno con fecha 30 de abril de 2021.
La botadura del Canarias tuvo lugar en 1931, aunque no entró en servicio hasta 1936. Durante la Guerra Civil tomó parte del bando nacional. Su dotación era de más de 1.000 hombres y fue dirigido por 43 capitanes de navío e izaron su insignia 31 almirantes.
Fue uno de los barcos más relevantes de la Marina española, de la que fue su buque insignia durante casi cuarenta años. Se retiró del servicio en 1975 y fueron varias las ciudades que se ofrecieron a conservarlo, pero finalmente fue desguazado.
En 1980 fue la propia Armada quien cedió, de mano del vicealmirante Francisco Jaráiz Franco, una de las hélices a la Junta de Obras del Puerto.
Aprobación del catálogo
En junio el Gobierno de Canarias informó de que la Comisión Técnica de la Memoria Histórica había acordado informar a favor del contenido del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).
El acuerdo fue prácticamente unánime y solo votaron en contra el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, debido al procedimiento seguido y no ''contra el contenido del catálogo''.
Previamente, en febrero, Bermúdez había denunciado que, pese a que Santa Cruz cumpliría con la Ley de Memoria Histórica, rechazaba que se señalase a la ciudad y se aplicase “una velocidad distinta que al resto del Archipiélago”.
Por ello anuncio un recurso al catálogo "por no ajustarse a la ley, en el que solamente se señala a este municipio, en lo que entendemos que es una estigmatización de esta capital”.