No habrá comisión de investigación de la gestión de EMMASA en Santa Cruz. En un pleno ordinario acontecido este viernes, el grupo de gobierno, conformado por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal del grupo mixto Evelyn Alonso votaron en contra de esta moción, planteada por el concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo y apoyada por toda la oposición.
En 2006, el Ayuntamiento de Santa Cruz privatizó EMMASA, empresa mixta que gestiona el agua de la capital. El proceso de adjudicación dejó este servicio en manos de la empresa Sacyr por un plazo de 25 años, generando unos ingresos para el consistorio de 59 millones de euros en concepto de canon. Un año después, en 2007, la administración comenzó a devolver a dicha empresa esos 59 millones, a razón de 2'3 millones de euros al año, según explica Ramón Trujillo.
La auditoría reveló una devolución de 33 millones
"Pasaron más de diez años sin descubrir que salían estos 2'3 millones de euros al año de EMMASA hacia Sacyr sin sustento legal, sin descubrirse pese a que la empresa fue intervenida y con un descontrol tan grande que, para saber lo que se había pagado sin soporte legal, hubo que contratar a una empresa que dijo que había sido un total 33'6 millones de euros", explicó Trujillo en el pleno de este viernes.
Según el concejal, un peritaje de los primeros ocho años de la concesión detectó 270 subcontrataciones en la gestión del agua, de las cuales el 44% eran ilegales y produjeron "un daño aproximado de cinco millones de euros a la empresa [EMMASA] y la no ejecución, en los primeros siete años, del 34% de las inversiones comprometidas".
La concesión no se retiró
En 2017, un juzgado sentenció que reconocía la opacidad de Sacyr hacia el ayuntamiento y el incumplimiento de las prohibiciones de subcontratar. En aquel momento, se le impuso la pena máxima contemplada a Sacyr, pero la concesión continuó a pesar de que, según indica Trujillo, el pliego de condiciones hubiera amparado su retirada.
Por todas estas razones, Sacyr está siendo investigada judicialmente en estos momentos y hay un total de cinco personas imputadas. En este sentido, la petición de Trujillo de crear una comisión de investigación, apoyada por toda la oposición y bloqueada por el equipo de gobierno, es, según el concejal, "para saber por qué no se detectó la devolución millonaria del precio sin soporte legal, encontrar medidas para que no se repita, evaluar las lecciones aportadas por las sucesivas auditorías (...), evaluar efectos de incumplimiento en materia de inversiones, averiguar el sustento del 5% de interés que se añadió a la devolución del precio", entre otros objetivos.
Acusaciones de mala gestión a Sacyr
Matilde Zambudio, concejal de Ciudadanos, se refirió a todo lo explicado por Trujillo como un "caso de corrupción de libro". La concejal criticó también la "pésima gestión en lo que se refiere al agua en Santa Cruz". "Se ha intentado subir la tarifa del agua alegando un desequilibrio del contrato, hay falta de inversión en las infraestructuras, irregularidades que han provocado tener que intervenir a la empresa (...)", enumeró Zambudio, que añadió que se trataba de "un suma y sigue de situaciones que se están dando con esta concesión que fundamentan, aun más si cabe, la petición que trae don Ramón Trujillo".
José Ángel Martín, concejal por el grupo del PSOE, también anunció su apoyo a la moción de Trujillo, añadiendo además que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife había "perdido en infraestructuras del agua muchísimos millones de euros [por su mala gestión], casi tanto como se perdió por la devolución del canon de privatización de EMMASA: 32 millones de euros".
Existen una comisión técnica de seguimiento y la vía penal
La respuesta del grupo de gobierno para vetar esta comisión de investigación es simple: la cuestión ya se está investigando judicialmente y también existe una comisión técnica de seguimiento del contrato con Sacyr. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del consistorio, le espetó a Trujillo que no era cierto que la decisión de darle 2'3 millones de euros a Sacyr desde 2007 fuese secreta, sino que se tomó en un consejo de administración cuyas deliberaciones eran públicas, y añadió que consideraba que la propuesta no procedía en el tiempo.
"En 2014 o 2015, el PP quizás lo hubiese aceptado, pero ahora es atemporánea", dijo el concejal, que no considera que tenga sentido esta comisión si la situación de EMMASA y Sacyr ya está siendo investigada por vía judicial. Además, el concejal recordó que, ya en 2014, el Partido Popular apoyó, desde la oposición, mociones para intervenir a EMMASA que terminaron desembocando en la actual investigación judicial. "Después de la intervención entre 2014 y 2016, y dadas las conclusiones a las que llegaron los técnicos, transformar el departamento de Servicios Públicos creando el Ciclo Integral del Agua y llegando al informe de que ese canon se tenía que devolver al ayuntamiento, creo que ahora mismo no estamos en esa fase", apuntó Tarife.